Ocho años de Sánchez: la denuncia de la corrupción le colocó en la presidencia y ahora podría echarle

Este lunes, 1 de junio, se cumplirán ocho años desde que triunfara, por primera vez, la moción de censura contra un presidente del Gobierno en su período democrático y Pedro Sánchez se colocara al frente del Ejecutivo. Este aniversario coincide con una de las etapas más delicadas de todo su mandato.

El 1 de junio de 2018, el Congreso de Diputados aprobó la moción que apartaba a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa después de que, al día siguiente, Sánchez prometiera su cargo ante el rey. Fue tras conocerse la sentencia del caso Gürtel cuando se presentó la iniciativa, ya que la trama condenaba al Partido Popular como entidad jurídica por lucrarse con una trama de corrupción.

En nombre del PSOE, la moción fue defendida ante el pleno por el entonces secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, actualmente en prisión por su presunta implicación en el denominado 'caso Koldo', relacionado con supuestas comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Grandes crisis y desafíos

Los ocho años de mandato de Pedro Sánchez han estado marcados por algunas de las mayores crisis de la historia reciente de España, siendo la más importante la pandemia de COVID-19 en 2020. El mundo se paralizó durante una larga cuarentena al decretarse el estado de alarma y puso a prueba el sistema sanitario y económico del país.

Otra de las grandes crisis ocurrió el 19 de septiembre de 2021, cuando explotó el volcán de La Palma y dejó a miles de evacuados, ciudadanos con sus hogares sepultados bajo tierra y numerosos daños materiales. En la actualidad, la isla continúa recuperándose.

A todo esto se le suman las consecuencias de la guerra de Ucrania en 2022, donde se desencadenó una crisis energética y económica en toda Europa. Más recientemente, la DANA, la catástrofe que golpeó distintas zonas de España, provocando graves inundaciones y obligando a desplegar amplios dispositivos de emergencia.

Estas crisis han marcado buena parte de la acción política de un Gobierno que ahora afronta uno de sus momentos más delicados por las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista.

Imputaciones y casos judiciales

En estos últimos años, Ábalos se convirtió en uno de los principales problemas a los que ha tenido que hacer frente el Gobierno y el PSOE, junto a otros como la situación de quien le sucediera como número tres del partido, Santos Cerdán.

El caso más reciente ha sido la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pendiente de declarar ante la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio, y las nuevas actuaciones judiciales en el caso de la exmilitante socialista Leire Díez, que llevaron esta semana a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede federal socialista.

Con estos casos judiciales sobre la mesa, además de los que siguen afectando tanto a la esposa como al hermano de Pedro Sánchez, llega el octavo aniversario de la moción de censura, que viene acompañado de peticiones reiteradas por parte del Partido Popular para que se ponga fin a la legislatura y se adelanten las elecciones.

"Haré todo lo posible para cambiar al Gobierno. Y cuando digo todo, es todo", garantizó esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero sin dar el paso de presentar una moción para relevar a Sánchez al carecer de los apoyos necesarios para ello.

Es por ello que la presión de los socios de investidura es más fuerte, para que dejen de apoyar a su Gobierno. Un apoyo que, de acuerdo con las declaraciones de sus dirigentes, ya no tiene Sánchez de algunas de esas formaciones que en su día le dieron la confianza.

Falta de apoyo de los partidos

Ocho años atrás, la moción de censura fue respaldada por 180 votos (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias) y su última investidura, el 16 de noviembre de 2023, salió adelante por 179 (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria); sin embargo, la situación actual es bastante diferente.

Junts ya dio por acabado su apoyo al Gobierno meses atrás; el PNV y Coalición Canaria, a raíz de los últimos acontecimientos judiciales relacionados con el PSOE, también han dado por terminada la legislatura.

Pero ni Junts ni PNV se han abierto a respaldar una hipotética moción de censura, algo que desde el Gobierno se espera que no sucederá por el castigo que podrían sufrir en las urnas si dieran un paso en el que tendrían que votar junto a Vox.

Sin esa iniciativa a la vista, Sánchez ha ratificado lo que viene repitiendo durante toda la legislatura, incluso en los momentos más difíciles, como el de los cinco días de reflexión que se tomó tras comenzar la investigación judicial sobre su esposa, Begoña Gómez. El mandatario ha decidido que no tirará la toalla y no adelantará las elecciones.

Seguirá adelante, pese a que la situación permita arriesgar, ya que no se aprobará ningún presupuesto durante el actual mandato, afirmó.

Es lo que probablemente repetirá en la comparecencia que ha solicitado ante el Congreso después de las últimas actuaciones judiciales que han afectado al PSOE y que, de acuerdo con el calendario previsto, podría celebrarse el 24 de junio.

Justo tres días antes de la reunión del Comité Federal que ha convocado el PSOE y que inevitablemente abordará también esos asuntos después de que desde el Gobierno, por boca de su ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya alertado de una operación para intentar derribar al Ejecutivo por "métodos no democráticos".

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