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Casos judiciales

Todas las causas judiciales que rodean a Pedro Sánchez: desde su familia hasta la cúpula del PSOE

Aunque no está imputado en ninguna causa judicial, su contexto político y judicial lo sitúa, indirectamente, en varias investigaciones.

Pedro SánchezEuropa Press

Su nombre ha aparecido en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia en referencia a mensajes sobre él, conversaciones o su posición política dentro del PSOE. Pero, hasta la fecha y con todas las causas judiciales que le rodean, los agentes no le han atribuido la comisión de ningún delito ni hasido señalado como investigado.

El contexto político y judicial que rodea al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es bastante complejo, ya que hay varias investigaciones abiertas que, de una u otra forma, le salpican por su posición institucional o por la relación con esas personas.

Su mujer, Begoña Gómez

Su caso más directo es el de su esposa Begoña Gómez, quien está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La causa, dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, analiza si utilizó su posición para favorecer a determinadas empresas con las que mantenía vínculos profesionales.

En este marco de la investigación, el 30 de julio de 2024 Sánchez fue citado a declarar en el Palacio de La Moncloa, debido a su condición de presidente. Lo hizo como testigo, sin imputación alguna.

El presidente presentó una carta a ala ciudadanía cuando se conoció la imputación a su esposa, calificándola como "una estrategia de acoso y derribo". Llegó a plantearse si merecía la pena continuar en su posición de presidente, lo que le hizo tomarse cinco días libres "para reflexionar" con Gómez. En otras ocasiones también ha defendido a su mujer asegurando ser "una profesional honesta, seria y responsable".

Su hermano, David Sánchez

Pero no es el único familiar imputado por la justicia, su hermano, David Sánchez está siendo investigado por su contratación como coordinador de actividades musicales en la Diputación de Badajoz. La jueza trata de esclarecer si el puesto fue creado específicamente para él y si hubo irregularidades en el proceso.

El jefe del Ejecutivo no figura ni como investigado ni implicado directo. El juicio contra su hermano y otros acusados ha comenzado este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz. En la sede de la Representación Permanente de España en ONU, defendió la inocencia de sus familiares: "Mi hermano y mi mujer son inocentes".

Caso Mascarillas

El PSOE se ha visto sacudido con esta causa judicial, 'el caso mascarillas', una investigación que gira en torno a presuntas comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia, fecha en la que Sánchez ejercía como presidente del Gobierno.

Los principales implicados están el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En el juicio, este último, señaló al presidente de estar "en el escalafón 1" de la "banda organizada criminal". A todos ellos se les atribuyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación falsedad documental, y uso de información privilegiada.

Tras la detención de Koldo y Ábalos por el presunto cobro de comisiones, el presidente expresó "el absoluto reproche por parte del Gobierno de España". Sin embargo, tras estallar el caso, dijo que Ábalos "era un gran desconocido" para él, cuando en enero de 2020 expresó su "aprecio, tanto en lo político como personal".

Plus Ultra

Pedro Sánchez no tiene vinculación directa en esta causa, pero el caso vuelve a situar el foco en figuras relevantes del PSOE. En este caso es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La investigación se centra en en el rescate público de la aerolínea durante la pandemia, en si fue legal y en posibles delitos como tráfico de influencias o blanqueo de capitales.

El presidente ha defendido públicamente a Zapatero al que mantiene su "apoyo" y aseguró que no había motivos "para cambiar esa posición". Asimismo ha garantizado que el PSOE colaborará con la Justicia.

Caso Obras Públicas

Relacionado con esta trama aparece el caso de las obras públicas, también conocido como una derivada del caso Koldo. Aquí se investigan posibles adjudicaciones amañadas de infraestructuras durante la etapa de Ábalos.

La UCO señala a una red en la que estaría implicado Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, clave en el dirección del partido bajo el liderazgo de Sánchez. Según los investigadores, se habrían favorecido constructoras a cambio de comisiones.

Después de que salieran las informaciones de la UCO, Sánchez avalaba la gestión del que fuera secretario de Organización. Sin embargo, tras el informe de los agentes, y en consecuencia la dimisión de Cerdán, pidió "porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán" confesando que "no debimos confiar en él".

La trama Leire Díez

Es la más reciente, si hablamos de avances. El miércoles el juez que instruye el caso Leire Díez ordenó el requerimiento de información sobre financiación irregular, desplegando a los agentes de la UCO en Ferraz. En su auto, el magistrado señala el origen del caso la carta a la ciudadanía de Sánchez tras la imputación de su mujer, donde se tomó cinco días de reflexión.

Durante ese periodo de tiempo se produjeron reuniones entre Santos Cerdán, Leire Díez, Ion Antolín, el empresario Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, entre otros. Uno de los mensajes mostrados en el documento es uno del 25 de abril de 2024, donde Díez le decía al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández: "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente".

Esta investigación apunta a una presunta trama para interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. La militante socialista está siendo investigada por supuestas maniobras contra jueces, fiscales y miembros de la UCO.

Fiscal General

Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno de Sánchez como Fiscal General del Estado. Fue condenado e inhabilitado por revelación de secretos tras difundir información confidencial. Sin embargo, desde el principio, el presidente defendió su inocencia públicamente. Él fue quien impulsó su nombramiento.

A pesar de la condena a García Ortiz, el presidente siguió defendiendo su inocencia: "Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia".

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