El juez Calama otorga al PP el mando de las acusaciones populares en la causa contra Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado que sea el PP quien ejerza la dirección letrada de las acusaciones populares personadas en el denominado caso 'Plus Ultra', en el que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está citado como investigado el 17 y 18 de junio.

De las ocho acusaciones populares, entre las que también está Vox, Calama considera que el PP "presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal, lo que refuerza la idoneidad de su designación como titular de la representación y dirección letrada conjunta".

El juez ha aceptado a Hazte Oír, Manos Limpias, Ciudadanos, Iustitia Europa, Liberum y al particular Borja Fernández

Además de PP y Vox, el juez ha aceptado a Hazte Oír, el colectivo Manos Limpias, los partidos Ciudadanos e Iustitia Europa, la organización Liberum y el particular Borja Fernández.

Otra de los particulares que intentó ejercer esa acusación popular fue el exmagistrado Fernando Presencia, investigado en otra causa de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el juez Calama lo desestimó.

En el auto en el que agrupa a todos ellos bajo la batuta del PP, el juez justifica que esta es la "solución que mejor se acomoda a los principios de ordenación procesal y a la finalidad propia de la institución de la acusación popular".

Esta misma fórmula también la adoptó el Tribunal Supremo en la causa sobre el presunto amaño de contratos de mascarillas por la que juzgó al exministro José Luis Ábalos, en la que el PP también era quien dirigía al resto de acusaciones y quien intervino en el juicio en nombre de todas.

Para Calama, el PP cuenta "con la mayor representatividad institucional y social de las entidades" personadas

Normalmente, el criterio establecido por el Tribunal Supremo es el de priorizar a la primera acusación que se personó, que en este caso sería Vox. No obstante, Calama aclara que no fue una personación válida porque carecía de "los requisitos procesales indispensables", en concreto, un apoderamiento.

La segunda fue el PP, apenas unos instantes después, la cual cumplía con las exigencias legales. El juez considera que esa "fue la primera comparecencia procesalmente idónea y eficaz", lo que "justificaría por sí solo la atribución a la misma de la representación unificada de las acusaciones populares".

Unido a lo anterior, para Calama es razonable considerar "la mayor representatividad institucional y social de las entidades" personadas, como manifestación de su capacidad para "vehicular el interés general".