Caso Koldo
La decisión del juez incluye el requisito de que el partido deposite una fianza de 5.000 euros en metálico en un plazo de diez días
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha admitido la personación del PSOE como acusación popular en la causa abierta por las presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. La decisión del magistrado incluye el requisito de que el partido deposite una fianza de 5.000 euros en metálico en un plazo de diez días. Esta medida se alinea con decisiones anteriores en causas similares, como la investigación del presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, donde también está implicado Víctor de Aldama, señalado como intermediario clave en la trama.
Además, el juez Moreno ha aclarado que, en esta fase del proceso, no es necesario que el PSOE presente una querella para personarse, ya que el procedimiento ya está en marcha. Sin embargo, la exigencia de una fianza responde a la necesidad de garantizar que la posición procesal del partido se ejerza de manera adecuada y responsable.
En paralelo, el magistrado ha convocado a todas las acusaciones populares personadas en el caso Koldo para una reunión el próximo 10 de diciembre. El objetivo es evaluar la posibilidad de unificar estas acusaciones, una opción contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Moreno argumenta que el elevado número de acusaciones podría comprometer el buen desarrollo del procedimiento, causando posibles dilaciones. Por ello, considera pertinente escuchar a todas las partes antes de tomar una decisión. A esta cita, que tendrá lugar a las 10:00 horas en la sala multiusos de la Audiencia Nacional, también asistirá el Ministerio Público.
El juez Ismael Moreno, encargado de instruir el caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha derivado a los juzgados de Alcobendas la investigación sobre un arma de fuego encontrada en el domicilio de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama. El objetivo es determinar si la posesión del arma podría constituir un delito de tenencia ilícita.
La decisión se basa en un oficio de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial Anticorrupción (UAFAC) fechado el 20 de febrero, que informó sobre el hallazgo durante un registro en la vivienda de De Aldama, ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Según este informe, el arma carecía de la documentación requerida para su posesión legal, incluyendo la guía de pertenencia obligatoria. El fiscal del caso, Luis Pastor, solicitó al juez que dedujera testimonio sobre este asunto. Ante esto, Moreno ha remitido las actuaciones a Alcobendas, donde se decidirá si procede iniciar una causa específica por este posible delito.
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