Comisiones por la compra de mascarillas
En un auto, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, el magistrado señala que los delitos investigados son de “gran repercusión pública” por tener lugar “en el momento más álgido de la pandemia”.
El conocido como ‘caso de las comisiones’ ha dado un paso más en su recorrido judicial. El juez instructor, Adolfo Carretero, acepta que el Ayuntamiento de Madrid se persone como acusación particular en la causa. En un auto, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, el magistrado señala que “resulta procedente, por ser [el Ayuntamiento] perjudicado de los presuntos delitos” cometidos por Luis Medina y su socio Alberto Luceño.
Ambos están imputados por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, cobraron a espaldas del Consistorio comisiones desorbitadas, de hasta 6 millones, en una operación de compraventa de mascarillas, guantes y test para el Ayuntamiento.
Comisiones de 6 millones de euros
El auto también da luz verde a PSOE y Unidas Podemos para que se personen, tal y como lo habían solicitado, en la causa como acusación popular. En ese sentido, el juez subraya que los delitos tienen “una enorme repercusión pública, al investigarse el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia”. El magistrado recuerda que en ese momento, mientras se llevaba a cabo la presunta estafa, se producían “miles de fallecimientos diarios”.
Más Madrid también se presentó en los juzgados la semana pasada para personarse como acusación popular, pero el juez rechaza por el momento la solicitud al existir un defecto de forma, “sin perjuicio de que puedan subsanar este defecto” más adelante.
Los dos principales investigados, Luis Medinay Alberto Luceño, tendrán que acudir a declarar como imputados el lunes 25. Están citados a las 12:30 en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Además, el magistrado, ordenó el embargo de los bienes que los empresarios presuntamente compraron con las comisiones investigadas. Se trata de un embargo preventivo, habitual en este tipo de procedimientos, para asegurar la reparación del daño en el caso de que se produzca una condena.