Madrid
El Juzgado ha admitido a trámite la querella de la fiscalía anticorrupción contra dos empresarios madrileños, Luis Medina y Alberto Luceño por estafa, falsedad y blanqueo de capitales. En "próximas fechas", el magistrado tomará declaración a los dos querellados que en plena pandemia vendieron material sanitario al Ayuntamiento de Madrid por más de 15 millones de euros y cobraron una comisión de casi seis millones.
El escrito de la fiscalía no escatima en detalles. Mientras en nuestro país los muertos por el Covid-19 se contaban por centenares a diario, dos empresarios comisionistas se embolsaban 6 millones de dinero público en comisiones por conseguir material sanitario fabricado en China a un precio desorbitado y que a la postre resultó ser de peor calidad que la acordada entre las partes.
Luis Medina, el hijo de Naty Abascal y el fallecido Duque de Feria, y su socio Alberto Luceño, dijeron que actuaban para ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa en el escrito de obtener "un exagerado e injustificado beneficio económico". Ese beneficio económico fue, según el informe, gastado en productos de lujo: un yate modelo Eagle 44 por 325.515 euros. Hasta 12 vehículos de lujo (Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, McLaren…) por más de dos millones de euros. Una vivienda en Pozuelo de Alarcón con 3 plazas de garaje y trastero anexo por más de un millón de euros.
Las comisiones recibidas sirvieron además para disfrutar de unas vacaciones como muy pocos pudieron permitirse en aquel verano en el que se redujo mucho la movilidad por la situación pandémica. Entre el 10 y el 16 de agosto el empresario Alberto Luceño disfrutó de una estancia en un hotel en Marbella por la que abonó 60.000 euros. 6.000 euros por noche de hotel.
Luis Medina, según el informe, fue el primero en contactar con el consistorio, "aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del Ayuntamiento de Madrid", pero según anticorrupción, fue Luceño quien lideró las negociaciones con la Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Ofrecían un millón de mascarillas, 250.000 test de autodiagnóstico y 2,5 millones de guantes y el precio pactado inicialmente fue de 14,5 millones de euros, pero esa cifra se redujo a 10,9 porque los comisionistas tuvieron que devolver parte del importe al constatarse que el material era de escasa calidad. Por unos guantes que se vendían en supermercado a 8 céntimos, el Ayuntamiento de Madrid pagó más de un euro y medio.
Pero los guantes no eran los únicos productos defectuosos. Según la Fiscalía, una cuarta parte de los 250.000 test de autodiagnóstico eran inservibles por su baja sensibilidad.
Para lograr que la operación saliera adelante y justificar sus comisiones millonarias, el informe asegura que se falsearon documentos. Tras conocer la querella, el Ayuntamiento asegura que no está siendo investigado y que es parte perjudicada. Aseguran que se personarán en la causa si se demuestra que las arcas públicas sufrido perjuicio alguno.