El Gobierno se plantea trocear el decreto ómnibus para subir las pensiones ante la falta de apoyos

La reciente derrota en el Congreso del llamado decreto ómnibus, que combinaba la subida de las prestaciones con la prórroga del escudo social y otras medidas, ha dejado al ejecutivo en una posición delicada, repitiendo un guion que ya se vivió el año anterior y que acabó con las pretensiones de Sánchez en la lona.

El texto rechazado preveía un incremento general del 2,7% en las pensiones contributivas. Una cifra que quedó en suspenso tras la votación negativa de PP, Vox y Junts. El argumento para ese no fue la inclusión de la moratoria anti desahucios para familias vulnerables, vista por la derecha y algunos socios nacionalistas como un obstáculo que beneficia a inquilinos morosos y que perjudica a los propietarios.

Ahora con las nóminas de febrero en el horizonte el Ejecutivo no puede permitirse dilatar la solución. Fuentes cercanas a la Moncloa indican que el nuevo decreto se aprobará en el Consejo de Ministros lo antes posible, idealmente este mismo martes o, a más tardar, la semana próxima, pero para conseguir los votos necesarios en el Congreso, el PSOE deberá hacer concesiones que van más allá de lo inicialmente previsto.

Junts tiene la llave

La clave está en Junts, cuyo rechazo fue decisivo en la primera votación. Los separatistas catalanes exigen cambios sustanciales en las medidas de vivienda del escudo social, especialmente en la suspensión de desahucios que quieren suprimirla, y han puesto sobre la mesa demandas adicionales para recuperar la confianza perdida. El PNV, aunque más moderado, también ha mostrado hartazgo ante la estrategia de decretos que mezclan temas consensuados (como las pensiones) con otros controvertidos, y reclama mayor diálogo y garantías para pequeños arrendadores.

El problema se agrava para Pedro Sánchez porque dentro de la coalición, Sumar presiona para preservar al máximo el paquete social y evitar que la moratoria anti desahucios caiga por completo.

Así que o aprueba la revalorización sin acompañar esa ley de otras accesorias o negociar enmiendas o compromisos paralelos —como ayudas adicionales a propietarios o ajustes en la moratoria— que convenzan a Junts y al PNV sin romper del todo la mayoría de investidura. Lo malo para el gobierno y los pensionistas es que esta última opción es la que se antoja más lenta de ejecutar.

Aunque nadie duda de que las pensiones acabarán subiendo el precio político podría ser de nuevo alto para el Estado en forma de más concesiones territoriales. Lo que sí pone de manifiesto este último episodio es la fragilidad del Ejecutivo.

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