El Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo firman un protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales

El Defensor del Pueblo, el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han firmado este lunes el protocolo que activa un sistema estatal de reconocimiento y reparación para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, especialmente aquellas cuyos casos han prescrito y no pueden acceder a la vía judicial.

El acuerdo, firmado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, desarrolla el pacto marco alcanzado el pasado 8 de enero y culmina meses de negociaciones marcadas por discrepancias sobre las indemnizaciones y el papel del órgano supervisor.

Un mecanismo para casos prescritos

El nuevo sistema está diseñado para atender a víctimas cuyos casos han quedado fuera de la justicia por prescripción o por fallecimiento del agresor. A través de este mecanismo extrajudicial, los afectados podrán solicitar una reparación que incluirá medidas económicas, simbólicas y restaurativas.

El proceso será gestionado por una unidad específica dependiente del Defensor del Pueblo, que evaluará cada caso y formulará propuestas de compensación. Aunque la Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones, la última decisión recaerá en el Defensor, que actuará como autoridad independiente en caso de desacuerdo.

El sistema estará operativo a partir del 15 de abril y las víctimas podrán optar por este nuevo modelo, independientemente de que ya iniciaran el proceso a través del plan interno de la Iglesia (PRIVA) vigente desde 2024.

Indemnizaciones sin fijar

La firma del protocolo llega tras varios retrasos provocados por desacuerdos entre las partes, especialmente por las cuantías de las indemnizaciones y la supervisión de los pagos ya realizados por la Iglesia.

Aunque el texto no fija cifras cerradas, las referencias apuntan a indemnizaciones medias en torno a 35.000 euros por víctima, en línea con estándares europeos. Con unas 2.000 víctimas reconocidas por la Iglesia el coste total podría superar los 70 millones de euros. No obstante, las partes de este protocolo aseguran que se estudiará cada caso de manera individual para poder determinar de forma adecuada la indemnización correspondiente.

El Gobierno ha calificado la firma de este protocolo como un avance en la reparación de las víctimas, mientras que el Defensor del Pueblo lo ha presentado como una respuesta ética a un problema silenciado durante décadas.

El nuevo sistema pretende, el cualquier caso, ofrecer una vía alternativa más garantista que los mecanismos previos, cuestionados por su falta de imparcialidad al depender exclusivamente de la institución eclesiástica.