Ayuso
La Fiscalía Europea considera que no se ha probado que la cantidad de dinero abonado por las mascarillas fuera excesivamente elevado.
Este martes, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha anunciado que ha archivado la investigación que estaba en curso relacionada con la compra de 250.000 mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid, con un contrato por valor de 1,5 millones de euros vinculado al hermano de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso.
Archivada la investigación por el contrato de las mascarillas
La decisión se ha tomado después de que, tras una "exhaustiva investigación", la Fiscalía considera que no se ha probado que la cantidad de dinero abonado por las mascarillas fuera elevado en exceso, tal y como detallan en un comunicado.
Concretamente, el archivo de la causa fue realizado el 6 de marzo por la Sala Permanente de la EPPO, a propuesta de los fiscales europeos delegados y en acuerdo con la Fiscal Europea supervisora en España, Concepción Sabadell.
El propio organismo explica que, una vez tomó la responsabilidad de la investigación del contrato adjudicado por el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS), los Fiscales Europeos tomaron diversas declaraciones, examinaron documentación y ratificaron la autenticidad de las fotos de las mascarillas en cuestión.
De la misma manera, la EPPO también solicitó información a otras entidades como laAgencia Tributaria, el propio SERMAS y la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Asimismo, utilizaron algunos informes de la Guardia Civil y nombraron un perito que analizó la documentación.
No se ha podido acreditar la comisión de un delito
Tras llevar a cabo todos estos procedimientos, se decidió archivar el caso por "no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito". En este sentido, consideran que el precio de las mascarillas hubiera experimentado un aumento "indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa" y concluyen que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso.
De esta forma, la propuesta de los Fiscales Europeos Delegados de archivar esta investigación ha sido valorada y confirmada por tres Fiscales Europeos de diferentes Estados miembro, según ha informado el propio organismo europeo.