Cataluña
El predecesor de Salvador Illa también ha creado su oficina de expresidentes.
Pere Aragonès, quien acaba de dejar su cargo como presidente de la Generalitat de Cataluña, recibirá una pensión vitalicia de más de 9.000 euros al mes durante la próxima legislatura, lo que equivale al 80% de su salario anterior. Esta compensación es incompatible con otros ingresos provenientes de sueldos públicos o privados.
Además, Aragonès ha decidido abrir su propia oficina de expresidentes, una práctica común entre los exlíderes catalanes. Esta oficina aún no tiene una ubicación establecida, y será dirigida por Helena Ricomà, quien fue su jefa de gabinete durante su mandato. Aragonès sigue los pasos de otros expresidentes, como Carles Puigdemont, en cuanto a mantener una presencia activa y un equipo de apoyo tras dejar el cargo.
Esta retribución forma parte de los beneficios que reciben los expresidentes de la Generalitat, en un esfuerzo por asegurar su estabilidad financiera y permitirles continuar participando en la vida pública y política de Cataluña. Además del salario, Aragonès tendrá derecho a recursos adicionales para la operación de su oficina, aunque la ubicación y el equipo completo aún están por definirse. Esta situación ha generado diversas opiniones en la sociedad catalana, especialmente en un contexto de tensiones políticas y económicas.
Los expresidentes de comunidades autónomas en España reciben sueldos vitalicios que varían según cada región. Estos sueldos suelen ser un porcentaje del salario que percibían en el cargo, y a menudo incluyen otros beneficios, como oficinas y personal a su disposición.
Sin embargo, la cantidad exacta y las condiciones de estos sueldos dependen de la legislación autonómica específica. Este sistema ha generado debates sobre la necesidad y la equidad de tales retribuciones en el contexto político y económico actual.
Por ejemplo, Cataluña, Extremadura, Galicia y Navarra ofrecen sueldos para los expresidentes de la región pero por un tiempo limitado. Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana ofrecen un puesto a los expresidentes en su Consejo Consultivo. En el caso de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja, como recogen sus leyes autonómicas, no ofrecen ni un sueldo a sus expresidentes ni un puesto en sus Consejos Consultivos.
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