Cataluña
El Ministerio del Interior ha trasladado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el informe sobre el operativo para detener a Carles Puigdemont.
El informe del Ministerio del Interior sobre el operativo para detener a Carles Puigdemont ya está en manos de Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo. "Los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios" de Policía Nacional y Guardia Civil solo se activó cuando se supo que el expresident había vuelto a huir tras reaparecer en Barcelona siete años más tarde. Esto es lo que el departamento del Interior ha trasladado al instructor del procés.
En este informe asegura el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska en un comunicado que sus agentes no detectaron "en ningún momento" a Puigdemont en los puestos fronterizos con Francia ni en las entradas al territorio español en los aeropuertos y puertos.
Explican también que los Mossos d'Esquadra informaron al Ministerio qué diseño se iba a llevar a cabo para proceder a la detención de la orden nacional de detención que el juez Llarena mantiene vigente. Un dispositivo específico y especial que se creó para el político. Además, en el informe remarcan que el ministerio ofreció a los Mossos cualquier apoyo operativo tanto por la Policía Nacional como por Guardia Civil "sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia".
No fue hasta que se conoció la nueva fuga de Puigdemont cuando el Ministerio del Interior dio las instrucciones para que "se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos" para detener al expresident. Unas instrucciones que recibió el jefe superior de Policía de Cataluña y el general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno de Cataluña.
Este lunes, desde el sindicato SAP-FEPOL se llevó a cabo una rueda de prensa donde señalaron que el "dispositivo falló". "La operación jaula es injustificable. No entendemos la falta de autocrítica", dijo el portavoz del sindicato, Pere Garcia. Según él, "la ciudadanía de Cataluña se merece una respuesta clara de qué ha podido pasar".
En cuanto a la detención de los tres mossos que supuestamente ayudaron a Puigdemont a huir, García añadía que no cree que haya habido permisividad desde la Jefatura en lo que se refiere al servicio prestado por algunos agentes en el extranjero, durante sus horas libres, como escoltas de Puigdemont y ha subrayado que el sistema público "se tiene que construir desde la confianza".
También los propios agentes reconocieron la "ineptitud de la cúpula política y policial". Así lo ha indicado el portavoz del sindicato de mossos USPAC, Albert Palacio, en Espejo Público. Exigen que la cúpula policial "asuma responsabilidades" y dan un toque de atención a los responsables de las fronteras. De hecho, desde la Confederación Española de Policía, su portavoz Raúl Domingo han dejado caer que, entre esas responsabilidades, podría estar la del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que a día de hoy no se ha pronunciado aún sobre la fuga de Puigdemont.
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