Procés
El día que Cataluña y España abren un nuevo capítulo aún sin concluir
El 27 de octubre de 2017, el Parlament aprueba una resolución para constituir una república catalana mientras el Senado autoriza la aplicación del artículo 155 de la Constitución, desencadenando una sucesión de consecuencias políticas y judiciales que todavía condiciona la política española.
La marcha de Carles Puigdemont a Bélgica, el encarcelamiento preventivo de Oriol Junqueras y otros miembros del Govern, unas nuevas elecciones y meses de bloqueo político hasta la investidura de Quim Torra. Casi una década después, aquel episodio continúa proyectándose sobre la política y la Justicia: indultos, la Ley de Amnistía de 2024 y sus distintas aplicaciones mantienen abierto un capítulo que sigue teniendo consecuencias en 2026.
Un hemiciclo dividido ante una decisión histórica
El Parlament llega al momento decisivo profundamente dividido. Cuando está a punto de votarse la resolución impulsada por Junts pel Sí y la CUP, los diputados de Ciudadanos, PP y PSC abandonan el hemiciclo. Los independentistas participan en la votación, mientras algunos parlamentarios de Catalunya Sí Que es Pot muestran públicamente su papeleta con el “no”. El resultado es de 70 votos a favor, 10 en contra y dos votos en blanco. Tras conocer el resultado, los diputados independentistas se levantan, se abrazan, aplauden y cantan Els Segadors dentro del hemiciclo, mientras en los alrededores del Parlament miles de personas celebran lo que consideran la culminación de años de movilización independentista.
El 155 entra en escena
Mientras Barcelona vive la proclamación, en Madrid el Senado vota la respuesta del Estado. La Cámara Alta aprueba por mayoría absoluta las medidas solicitadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, un mecanismo previsto para obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones constitucionales o proteger el interés general cuando actúa gravemente contra él.
Es la primera vez que se aplica este procedimiento desde la aprobación de la Constitución de 1978. Las medidas permiten al Gobierno asumir temporalmente determinadas funciones de las instituciones catalanas, cesar al presidente, al vicepresidente y a los consellers y adoptar medidas sobre la Administración de la Generalitat. Ese mismo día se disuelve el Parlament y se convocan elecciones para el 21 de diciembre de 2017.
De las instituciones a los tribunales
La aplicación del 155 abre una nueva etapa. Carles Puigdemont es cesado como presidente de la Generalitat y, días después, viaja a Bélgica junto a varios miembros de su Govern, donde aún permanece. En paralelo, Oriol Junqueras y otros exconsellers ingresan en prisión preventiva mientras avanzan las causas judiciales derivadas del procés. Posteriormente, el Tribunal Supremo dicta condenas en 2019 y, en 2021, el Gobierno concede indultos a los nueve condenados que permanecían en prisión, manteniéndose las penas de inhabilitación.
Las urnas no consiguen cerrar el bloqueo
Las elecciones del 21 de diciembre de 2017 son las primeras celebradas bajo la aplicación del 155. Ciudadanos se convierte en la fuerza más votada, pero el bloque independentista conserva la mayoría parlamentaria con la suma de Junts per Catalunya, ERC y CUP. El resultado abre una nueva etapa de negociaciones e intentos fallidos de investidura. Finalmente, en mayo de 2018, Quim Torra consigue ser investido presidente en segunda votación, por mayoría simple.
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Casi una década después, el eco continúa
Lo que comienza aquel 27 de octubre no queda encerrado en 2017. La cuestión catalana continúa presente en los tribunales y en el debate político español a través de los procedimientos judiciales, los indultos y, especialmente, la Ley de Amnistía de 2024. La cuestión catalana continúa formando parte de la aritmética parlamentaria nacional: Pedro Sánchez llega al Gobierno tras su investidura de 2023, que contó con el apoyo de formaciones independentistas, entre ellas ERC y Junts. La oposición sostiene desde entonces que esos apoyos condicionan la acción del Ejecutivo; el Gobierno defiende sus acuerdos como instrumentos para garantizar la gobernabilidad y avanzar en la convivencia.