Caso de los ERE
El expresidente de la Junta de Andalucía está la espera de que la Audiencia de Sevilla se pronuncie sobre su recurso para ampliar a "tres meses" el plazo de su entrada voluntaria en prisión.
Última oportunidad para José Antonio Griñán. El expresidente andaluz sigue a la espera de que la Audiencia de Sevilla se pronuncie sobre su recurso de súplica. La justicia le había dado un plazo de 10 días para su ingreso voluntario en prisión pero su abogado, en el escrito, solicita "fijar un plazo prudencial mayor para el comienzo del cumplimiento de la ejecución de la ejecución de la pena privativa de la libertad".
También se les agota el tiempo a otros siete exdirigentes. Son los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, y el exviceconsejero Agustín Barberá, que están condenados a siete años de cárcel; y la también exconsejera Carmen Martínez Aguayo, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jesús María Rodríguez Román, que deben cumplir penas de seis años.
El Tribunal ha denegado suspender las penas de cárcel mientras se tramita la petición de indulto de ocho de los condenados, aunque sí se lo ha concedido a Juan Márquez, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, por tener una pena inferior.
Últimas horas en libertad
Griñán ahora apura los que pueden ser sus últimos días en libertad. Padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos, su familia presentó una solicitud de indulto al Ministerio de Justicia el pasado 1 de septiembre por razones de "humanidad y equidad". Hace unos meses, Carlos Alsina entrevistó, en Onda Cero, al expresidente de la Junta de Andalucía. Decía que si le condenaban "no tendría más remedio que acatar la sentencia y mi vida habría terminado". "Ya tengo, voy a cumplir 76 años, pues usted mismo puede imaginarlo. Ya se imaginará usted qué es lo que queda", aseguraba Griñán a Alsina.
Caso de los ERE
El de losERE ha sido uno de los casos más mediáticos en España. El Tribunal Supremo confirmó el pasado julio la condena a 6 años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación. Otro expresidente de la Junta e histórico del PSOE, Manuel Chaves fue condenado por prevaricación y no debe entrar en prisión.
En total, 15 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía fueron condenados por el reparto clientelar y opaco. En concreto, el Supremo confirmó que, entre los años 2000 y 2011, el Gobierno andaluz del PSOE puso y mantuvo en funcionamiento un "sistema fraudulento" de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros. El dinero iba destinado, en teoría, a trabajadores de empresas en crisis. El Ejecutivo andaluz ideó un sistema para evitar los controles.