Congreso
Irene Montero llamó "fascistas" a Vox y acusó al PP de "promover la cultura de la violación", pero no se retiró del diario de sesiones. Una diputada de Vox llamó "filoetarras" a Bildu y sí se retiró. ¿Por qué unos términos sí se permiten y otros no?
El Congreso de los Diputados lleva siendo un auténtico polvorín desde hace años. Uno de los momentos más recordados era la jura a la Constitución de los diputados independentistas en la Cámara en la apertura de la XIII legislatura, haciéndolo por imperativo legal. Aquella fórmula de acatamiento, según Meritxell Batet, era considerada válida, pese a oírse calificativos como "presos políticos", "fascismo", entre otros, que causaron un inicio muy bronco de legislatura.
Ahora, la crispación vuelve a intensificarse por el cruce de reproches y calificativos. La semana pasada, la diputada de Vox Carla Toscano dijo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que "su único mérito era haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". Toscano no rectificó de sus palabras y el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, retiró las palabras del diario de sesiones. No lo hizo en cambio cuando Montero respondió a Toscano, llamándoles "banda de fascistas".
El debate volvió este pasado martes, cuando otra diputada de Vox, Patricia Rueda, llamó "filoetarras" a los diputados de EH Bildu. El vicepresidente volvió a retirar la afirmación del diario de sesiones. Lo que no se retiró tampoco fueron unas afirmaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando acusó al Partido Popular de 'promover la cultura de la violación', unas palabras que indignaron a toda la bancada conservadora, pero de las que no se retractó la ministra.
¿Dónde están los límites?
El problema en esta disputa dialéctica tiene un añadido: tanto la presidencia como las vicepresidencias y las secretarías de la mesa están compuestas por diputados, por lo que el descalificativo o alusión que se haga puede ser retirado en función de quien esté ostentando la presidencia de la Cámara en ese momento. De hecho, ya hay voces que hablan de "arbitrariedad" y exigen que haya un consenso para poner fin a esta doble vara de medir en las intervenciones.
Una docente ha recogido en apenas unos días más de 40.000 firmas para exigir que se fijen unas reglas mínimas en el Parlamento, evitando así una escalada de violencia verbal cada vez más preocupante. Mientras los diputados siguen arremetiendo unos contra otros, la ciudadanía contempla, abochornada, el espectáculo que se vive cada día en el hemiciclo. Y todo ello, a apenas un año de que se celebren elecciones generales en nuestro país.