Ley de Seguridad Ciudadana
PSOE y Unidas Podemos negocian desde hace meses con sus socios la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP en 2015. En el Congreso arranca hoy la recta final del trámite parlamentario pese a las discrepancias sin resolver entre los grupos.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza', fue una de las grandes bazas electorales de Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa. Llegó a prometer que la derogaría en cuanto llegase al Gobierno. Pero tan solo un mes después de prometer el cargo, en octubre de 2018, la postura del Ejecutivo cambió. El Gobierno decidió finalmente "derogar los aspectos más lesivos", en lugar de dejar sin efecto la totalidad de la norma que aprobó el PP cuando tenía mayoría absoluta en 2015.
Ahora, cuatro años después de la llegada de Sánchez al poder, el Ejecutivo ha intensificado las conversaciones con sus socios para llevar a cabo esa reforma parcial. El pasado mes de diciembre, el Congreso reactivó el trámite parlamentario para modificar la ley. La cámara baja llevaba más de 10 meses sin reunir a la ponencia de la Comisión de Interior que debe debatir la reforma, un tiempo que el Partido Socialista y Unidas Podemos aprovecharon para intentar alcanzar un acuerdo con cuatro de sus socios habituales (ERC, PNV, Bildu y Junts).
Manifestaciones imprevistas o drogas en la calle, sin sanciones
Tras decenas de reuniones privadas, el bloque de investidura logró cerrar el redactado de una quincena de artículos de la futura norma. Un acuerdo incompleto que ratificaron en las últimas reuniones de la ponencia, pese a la oposición de PP, VOX y Ciudadanos.
El nuevo texto elimina la obligación de avisar previamente de la convocatoria de manifestaciones siempre que obedezcan a hechos imprevistos; suprime las sanciones a la venta ambulante sin permiso y, entre otras medidas, flexibiliza las sanciones para el consumo o posesión de droga en la calle (permitiendo sustituirlas por un tratamiento de rehabilitación). Todo esto ya está cerrado. Sin embargo, los seis grupos decididos a modificar la ley siguen sin ponerse de acuerdo en otros puntos más polémicos.
Las discrepancias de los socios siguen sin resolverse
El portavoz adjunto de Unidas Podemos y encargado de capitanear las negociaciones entre los grupos, Enrique Santiago, se ha mostrado recientemente esperanzado en que la reforma pueda aprobarse este mes de enero. Aun así, no oculta que todavía quedan "escollos" por pactar.
Algunos de los socios acusan directamente a los socialistas de obstaculizar el pacto. "La dificultad para el acuerdo estriba en que el PSOE se niega a desactivar los artículos más lesivos por miedo a la reacción de los sindicatos policiales ultras y las urnas", asegura el diputado de Bildu, Jon Iñarritu.
En primer lugar, queda por ver el modelo de sanciones. Los grupos abogan por multas progresivas que varíen en función de los ingresos del sancionado. PSOE y Unidas Podemos demandaban hace meses que la reducción de las sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana de hasta el 50% para aquellas personas que no perciban más de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI). Es un aspecto que quieren regular sin dejar margen a interpretaciones.
Lo mismo ocurre con las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, las infracciones por faltas de respeto a agentes o la utilización de pelotas de goma por parte de la policía. Este último punto es uno de los que más alejaría a los socios de investidura. Unidas Podemos, por ejemplo, apuesta por retirarlas y evitar que se utilicen pese a las críticas de las asociaciones policiales.
Todos estos obstáculos serán debatidos de nuevo en la ponencia de la Comisión de Interior que se celebra este jueves 12 de enero. Será su quinta reunión, a la espera de cerrar un dictamen que pueda debatirse y votarse en comisión. El penúltimo paso de la iniciativa, que llevó al Congreso el PNV al principio de la legislatura, antes de llevarlo a pleno para que se apruebe definitivamente.