Vox pide activar el artículo 102 para investigar a Sánchez por "traición" tras la crisis migratoria en Ceuta

La bronca política por la crisis migratoria vivida en Ceuta hace once días sigue escalando. Vox quiere promover un juicio político para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo asuman la responsabilidad penal de la entrada masiva de inmigrantes por delitos de "traición" y "contra la seguridad del Estado". Por ello, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha pedido al resto de grupos parlamentarios del Congreso que apoyen la activación del mecanismo contemplado en el artículo 102 de la Constitución, por el que se abre la vía constitucional para que el asunto pueda ser enjuiciado por el Supremo.

En una publicación en redes sociales, Abascal ha asegurado que "la traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales". Vox considera que "hay indicios y evidencias más que suficientes" para probar los delitos de traición o contra la seguridad del Estado, entre otras, "el conocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez respecto a la invasión" de la ciudad autónoma.

Este lunes, el eurodiputado de Vox ha detallado más a fondo las razones de esta propuesta en una entrevista en Espejo Público. "El Gobierno socialista tenía un conocimiento previo; antes, durante y después de esa invasión de Ceuta, ha ocultado información. No está siendo transparente. Hay que exigir responsabilidades. Todos los hechos e indicios ponen de manifiesto que hay una connivencia entre Sánchez y el gobierno de Marruecos", ha explicado Buxadé.

Por estas razones, explican, pedirán el apoyo de los diputados del Congreso para poner en marcha un mecanismo que nunca se ha activado en la España constitucional. Con la Carta Magna en la mano, el artículo 102.1 explica: "La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

El apoyo del Congreso, necesario y en el aire

En su apartado segundo (artículo 102.2), la Constitución remarca las exigencias parlamentarias para los delitos a los que se refiere Vox: "Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo".

Así, Vox necesita 88 diputados para poner en marcha la iniciativa, una cifra de la que no dispone, ya que cuenta con 32 escaños. Por ello, el partido pone a sus parlamentarios "a disposición" de los grupos que estén dispuestos a promoverla.

Por apelación, el Partido Popular, principal partido de la oposición, ha tomado cierta distancia de esta propuesta. Elías Bendodo, vicesecretario del partido, ha asegurado que "PP y Vox son partidos distintos" y que "cada uno tiene su estrategia". Sobre la opción de apoyar a Vox en esa propuesta, Bendodo ha afirmado: "No sabemos lo que van a plantear en ese sentido y cuando llegue el momento ya valoraremos".

En este contexto, Vox concibe la crisis migratoria de Ceuta, no como un fenómeno aislado ni "convencional", sino como una forma de "guerra híbrida" de Marruecos contra España, mediante el uso de la inmigración masiva como un arma de "presión" sobre la soberanía nacional.