SEGÚN INFORMA EUROPA PRESS
El Govern buscará convocar el referéndum amparándose en la legalidad internacional en la ley que probablemente se elaborará por separado de la de transitoriedad jurídica, pese a que se quieren tramitar conjuntamente en el Parlament.
Así lo han explicado diversas fuentes después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara semanas atrás que el referéndum se celebrará el 1 de octubre y a falta de que el martes JxSí y la CUP presenten el marco legislativo del referéndum y el Govern celebre el acto previsto en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
Ambos grupos negocian desde hace tiempo si separar la ley con la que se convocará el referéndum de la ley de transitoriedad jurídica, la que debe definir la transición de la autonomía en un Estado independiente si gana el 'sí'.
Aunque en un principio se preveía incluir ambas cuestiones en una norma, los independentistas han estudiado las diferentes opciones y se apostará con toda probabilidad por aprobar primero una ley que inste al Govern a convocar el referéndum, y una vez se celebre y gane el 'sí', se apruebe la ley de transitoriedad.
Después de que 2,3 millones de catalanes votaran en la consulta del 9N de 2014, el Govern ha reiterado que la Comisión de Venecia establece que no hay que marcar un porcentaje mínimo de participación ni de aprobación.
Sin embargo, fuentes soberanistas aspiran privadamente a superar la cifra del 9N y alcanzar los tres millones de votos conscientes de la importancia de lograr la máxima participación en el referéndum, y en ello consideran que puede ser determinante la movilización de los votantes de los 'comuns'. Alcanzar los tres millones representaría lograr una participación del 60% de catalanes aproximadamente de un censo que, en las últimas elecciones catalanas, era de 5,5 millones de personas.