Begoña Gómez
Begoña Gómez ha indicado que no declararía este viernes, cuando estaba citada por segunda vez ante el maggistrado dado que la primera vez tuvo que suspenderse la declaración.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha decidido este viernes acogerse a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, quien la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta comparecencia, que había sido reprogramada después de una primera suspensión, quedó nuevamente sin declaración por parte de Gómez.
Fuentes jurídicas confirmaron que la defensa de Begoña Gómez solicitó que no se llevara a cabo el interrogatorio en calidad de testigos de José María Coello de Portugal, vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y de su predecesor, Juan Carlos Doadrio. La defensa argumenta que en la denuncia inicial presentada por el sindicato Manos Limpias no se hacía referencia alguna a la universidad ni a delitos que pudieran haberse producido en su seno.
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha insistido en un escrito que la denuncia que originó la investigación no menciona la UCM ni hechos que puedan constituir un delito en ese contexto. Además, ha reiterado que existe una "indeterminación" en cuanto al objeto de la investigación desde el inicio del proceso.
"Doña Begoña Gómez no ha declarado, no porque tenga nada que esconder ni porque no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no lo hiciera. Estamos en un Estado de derecho, en una sociedad democrática avanzada, y la declaración del investigado debe hacerse con garantías", ha dicho su letrado.
El abogado ha recordado que ha presentado varios escritos pidiendo al magistrado que explicara cuál era el objeto del procedimiento, y el juez respondió "que es objeto de investigación todos los actos, conductas y comportamientos" de la investigada "desde que su cónyuge es presidente del Gobierno y en relación con la denuncia inicial de Manos Limpias". No obstante, precisó que la Audiencia Provincial restringió la investigación y que una parte de los contratos se derivaron a la Fiscalía Europea. Por ello, "este procedimiento carece de objeto alguno en este momento", añadió el letrado, quien además señaló que los dos informes de la UCO sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos "no han aportado nada" contra Gómez, "sino todo lo contrario".
"Este procedimiento se ha quedado sin contenido. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de derecho", subrayó.
Sobre el informe remitido recientemente al juzgado por la Universidad Complutense sobre una posible apropiación irregular de un software por parte de Begoña Gómez, en el que la Universidad concluye que no se pueden acreditar ilegalidades por falta de datos, Camacho consideró "sorprendentes algunas de sus afirmaciones". "La Complutense siempre tuvo conocimiento del registro de ese nombre (del software) e incluso se hizo con una unidad de la Universidad Complutense que se dedica a este tema. Y hay correos en donde queda claro que la Universidad Complutense sabía perfectamente este registro e incluso dio instrucciones de cómo debía hacerse y dónde debía hacerse", concluyó.
Camacho ha subrayado que los únicos hechos con indicios suficientes para abrir la investigación estaban relacionados con contratos en los que se otorgaban subvenciones a la UTE formada por Innova Next S.L.U y la Escuela de Negocios The Valley. Sin embargo, Peinado decidió inhibirse a favor de la Fiscalía Europea, estimando que era la competente para conocer estos hechos.
En base a esto, la defensa de Gómez considera que el procedimiento carece de objeto, ya que la investigación inicial fue remitida a la Fiscalía Europea. Por tanto, argumentan que no tiene sentido practicar nuevas diligencias en este proceso.
Finalmente, el abogado ha calificado como "impertinente e inútil" la toma de declaración de los miembros de la Universidad Complutense, reiterando que no tienen relación con los hechos investigados en el procedimiento actual.
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