Alejandro González, portavoz de APM, sobre la sentencia a Aldama: "Es una llamada a la colaboración con la justicia"

La sentencia del caso Mascarilla a José Luis Ábalos (24 años y tres meses), Koldo García (19 años y ocho meses) y Víctor de Aldama (4 años y medio, pero no entrará en prisión) ha generado un fuerte debate por su dureza con los corruptos y su 'generosidad' con el corruptor.

Ante esto, Alejandro González, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), consdiera que es "una sentencia muy dura", ya que deja claro desde el inicio que "los hechos afectan a la legitimidad del sistema democrático" y que se trata de "cuestiones muy graves".

Sin embargo, explica que Aldama ha recibido un trato más favorable. Según González, ha existido "una gran colaboración" por su parte, que ha sido "útil, veraz, eficaz bastante continuada en el tiempo", lo que ha permitido aplicar "un atenuante muy cualificada" en su condena.

La pena "no es absoluta"

Esta situación ha llevado a algunos a pensar que se está incentivando la delación, pero el portavoz lo aclara: "Lo que es, es una llamada a la colaboración con la justicia". Destaca que Aldama aportó bastante documentación que respaldaba sus declaraciones, facilitando así el trabajo judicial.

En este sentido, añade que quien colabora y muestra "un arrepentimiento grave y si es una colaboración importante supone una bajada" de la pena, algo que ya está recogido en el Código Penal desde hace años, aunque ahora tenga más visibilidad social.

Uno de los puntos más polémicos ha sido que Aldama no vaya a ingresar en prisión. Sobre esto señala que la suspensión de la pena "no es absoluta, es condicionada", ya que deberá cumplir ciertos requisitos como no delinquir y justificar sus actividades durante los próximos años.

Colaboración con la justicia

El portavoz de APM recuerda que este tipo de medidas no son nuevas, sino que están en el Código Penal y menciona la directiva sobre protección del informante incorporada en España en 2024. Una norma que, según explica, "el propio Gobierno defendía que había que colaborar con la justicia".

Asimismo, confirma que se trata de la normativa relacionada con la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que busca proteger a quienes denuncian irregularidades: "Estamos defendiendo lo mismo, hay que colaborar con las instituciones públicas".

En cuanto a la unanimidad del tribunal, González señala que esto "no legitima la sentencia", pero sí "refuerza el contenido cuando se ve que todos los magistrados han llegado a la misma conclusión".

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