Turismo de masas bajo presión: ciudades que ya están limitando (de verdad) a los visitantes

Más de 17,5 millones de extranjeros han elegido España como destino turístico durante el primer trimestre del año. A estas alturas nadie duda de los atractivos que nuestro país ofrece como lugar de vacaciones y esto generó un impacto económico de 25.017 millones de euros.

Pese al batiburrillo de factores que podrían jugar a la contra (incertidumbre geopolítica, incremento de precios, crisis energética...) la gente quiere viajar y España les gusta. El turismo bate continuamente sus propios récords. Hasta siete aeropuertos de la red de Aena cerraron 2025 con cifras de pasajeros por encima de su capacidad máxima. Mientras que otros seis alcanzaron entre el 90% y el 99%.

Cada vez más comunidades autónomas quieren tener mayor poder de decisión en este tema. Prueba de ello es la norma aprobada por el Parlament balear sobre cogestión aeroportuaria. Aunque el decreto ley todavía tiene que ser debatido en el Congreso de los Diputados, da pistas de hacia dónde quieren dirigirse los territorios.

Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares, Galicia o Navarra son algunas de las autonomías que ya han levantado la mano para reclamar mayor protagonismo. Cualquier fórmula de cesión, transferencia o cogestión de los aeropuertos a las comunidades autónomas choca directamente con la postura de Aena. El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha defendido en diferentes ocasiones el modelo de gestión integrada y centralizada de la red aeroportuaria española.

Hasta la fecha, el papel de las comunidades se articula a través de los comités de coordinación aeroportuaria, que tienen una finalidad "más informativa que participativa". La Ley 18/2014 está protegida por la Constitución y declara la competencia exclusiva del Estado sobre estas infraestructuras y protege la propiedad privada y la libertad de empresa. Es decir, unos escuchan y Aena decide, pero con esta norma se abre la puerta a que el Govern balear tenga derecho de veto sobre los planes estratégicos, permitiendo bloquear ampliaciones o cambios en la operativa si creyese que perjudican el interés de las islas.

La proposición de ley planteada en Baleares contempla la posibilidad de que las Islas "definan y gestionen" tanto las infraestructuras aeroportuarias como la política aérea es "fundamental e indispensable". El objetivo es que los beneficios económicos "deriven en prosperidad, mejoren la calidad de vida de los residentes y preserven el medio ambiente".

Tasa turística

Los aeropuertos son la principal puerta de entrada de este turismo, pero no es el único aspecto en el que las autonomías piden tener baza. La tasa turística es otra de las medidas con las que ya llevamos años conviviendo. Gobiernos autonómicos y ayuntamientos pueden aplicar este 'impuesto a los viajeros' cuyo fin es tener un colchón con el que afrontar la conservación, las infraestructuras y la sostenibilidad del patrimonio turístico de cada localidad.

Hasta la fecha en nuestro país solo se paga tasa turística en Cataluña y Baleares. En Europa, más de la mitad de los países la han introducido. Aunque la tasa por pernoctación es la más común, también puede imponerse un tributo que se paga junto con el vuelo.