Economía
La nueva Ley de Vivienda ha enfrentado a Gobierno y oposición por los cambios introducidos con respecto a la okupación. Las medidas afectarán, principalmente, a los grandes tenedores y podrían retrasar los trámites.
El Gobierno saca pecho. A tan solo semanas de las elecciones municipales y autonómicas, y tras meses sin llegar a un entendimiento, PSOE y Unidas Podemos han logrado aprobar uno de sus proyectos estrellas: la Ley de Vivienda.
Entre las principales novedades de este texto, negociado con ERC y Bildu, se encuentran el tope al precio del alquiler en todo el país, la eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta o la rebaja de 10 a 5 inmuebles para ser considerado gran tenedor.
Con todo ello, el Gobierno pretende poner freno al problema del acceso a la vivienda que muchos españoles sufren desde hace años y que se ha acrecentado aún más con la guerra en Ucrania, con la subida generalizada de precios. En 2022, los españoles destinaron de media casi la mitad de su sueldo (43%) a pagar el alquiler, una cifra que alerta.
A pesar de ello, algunos expertos aseguran que esta ley puede generar efectos contrarios. Uno de los principales motivos, por los cambios introducidos con respecto al desalojo de los okupas que podría llevar a los arrendatarios a plantearse el alquiler su vivienda.
En esta línea, la oposición ha cargado duramente contra la ley, a la que han tildado de "chollo" para los okupas. PP y Vox han acusado al Gobierno de ponerlos una alfombra roja, algo que desde el PSOE desmienten.
¿Qué cambios se introducen?
Una de las novedades de la Ley de Vivienda, y la más polémica, está relacionada con los desahucios. A partir de ahora, quedan prohibidos los desahucios 'sorpresa': las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán comunicar a los okupas la fecha y la hora concreta en la que procederán a su desalojo del inmueble.
Además, a la hora de denunciar una okupación, el afectado deberá de acreditar si es o no un gran tenedor, es decir, si cuenta con 5 o más viviendas en una zona tensionada. En caso de serlo, el proceso de desalojo podría paralizarse.
Con el nuevo texto aprobado por el Congreso de los Diputados, los grandes tenedores deberán demostrar que los okupas no se encuentran en situación de vulnerabilidad. Al ser gran tenedor, deberá demostrar que los okupas no se encuentran en una situación de vulnerabilidad: en caso contrario, no podrán ser echados de la vivienda. La idea principal, según el Ejecutivo, es ganar tiempo para encontrarles una solución habitacional.
"La ley le da misma categoría a la primera vivienda que a la vivienda de la playa o de la montaña", explica Arantxa Goenaga, abogada del Círculo Legal de Barcelona. "Con esta ley, se perjudica más el sistema".
En esta línea, Arantxa Goenaga, abogada, asegura que el nuevo texto "lo único que va a provocar es más burocracia para los propietarios y que los propietarios decidan no alquilar", provocando así un efecto contrario al que busca el Gobierno.
¿Dónde quedan los desahucios express?
El pasado mes de septiembre, los socios de Gobierno protagonizaban un nuevo enfrentamiento tras una iniciativa del PSOE. Los socialistas proponían desalojar a los okupas en tan solo 48 horas cambiando la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aunque en Ferraz explicaban que solo se aplicaría a casos de "allanamientos y ocupación ilegal", no a impagos de alquiler, en Podemos no sentaba nada bien la propuesta.
Ahora, meses más tarde, y tras aprobar la Ley de Vivienda, la formación morada parece haber ganado el pulso: no hay rastro de de esta medida en el texto que finalmente entrará en vigor.