SEGÚN UN ESTUDIO DE BBVA
Diez países de la Unión Europea retratan cómo piensan en política y economía sus ciudadanos, a través de un informe basado en 15.000 encuestas. Entre ellas, un mayoritario suspenso a políticos y banqueros. Sin embargo, la percepción de la crisis no es siempre la misma. El sur del viejo continente vive con mayor intensidad los problemas económicos.
Cuando en la Unión Europea, en general y en España en particular se pregunta cuál el grupo social que menos confianza genera la respuesta es unánime. Los políticos se encuentran por debajo del umbral de confianza.
Los europeos ponen además, cada vez menos, la mano en el fuego por los jueces. A sindicatos y bancos nadie en la Unión se atreve a puntuarles del uno al diez con más de un cinco. En nuestro país, si tuvieran que pasar un examen, los ciudadanos les pondrían poco más de un dos.
Si hablamos de datos, los sindicatos en la Unión Europea suspenderían con poco más de un 4,5 y en nuestro país con casi un tres. Sin embargo, los bancos obtienen peor resultado. Consiguen un cuatro si se evalúan en la Eurozona y rozando el dos en España.
El estudio elaborado por la Fundación BBVA muestra cómo la crisis y el desempleo encabezan los problemas que más repiten los europeos. Italianos, españoles y franceses califican de muy grave la situación algo que contrasta con lo que responden daneses suecos y alemanes que consideran poco grave el panorama económico.
En la eurozona la mayoría cree q el euro ha sido un factor negativo para la economía del país. A pesar de esto hay consenso frente a volver a la antigua moneda nacional. Convergemos también al responsabilizar a la banca y a la política de lo que vivimos pero el dedo desde los países del norte apunta con más intensidad hacia el sur cuando buscan culpables. Desde el sur de Europa igualamos culpas.
El corte de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía obliga a buscar alternativas para viajar, pero ni los aviones ni la carretera consiguen compensar la falta de trenes. El sector turístico sevillano empieza a hacer cuentas.
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Las almazaras tendrán que almacenar el 12% de su producción hasta septiembre de 2027. Las cooperativas apoyan la decisión, pero la industria exportadora y los consumidores cuestionan sus posibles consecuencias.