TAMBIÉN DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR UN CRÉDITO A CAJA MADRID
Díaz Ferrán, que será el primero en declarar, está acusado de insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, junto con el resto de los ocho detenidos.
Entre los detenidos que este miércoles han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.
También serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que mantiene bajo secreto la causa, decidirá las medidas cautelares que impone a los detenidos, que previsiblemente se enfrentarán a prisión incondicional o prisión eludible bajo fianza.
Según fuentes de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco tomará una decisión sobre Díaz Ferrán antes de interrogar al resto de detenidos, con el objetivo de que sea trasladado a los juzgados de Plaza Castilla para que declare a las 13.00 horas por un crédito que concedió Caja Madrid a su sociedad Air Comet, que supuestamente se hizo de forma fraudulenta.
Fuentes de la investigación aseguran que Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio, llegaron a un pacto con Ángel de Cabo para ocultar los bienes procedentes de las empresas de Marsans y de sus sociedades patrimoniales (Holdisan y Grudisan, en el caso del expresidente de la CEOE y Parihol Inversiones, en el caso de Pascual), con el fin de evitar pagar a los acreedores del grupo turístico.
En ese pacto se enmarca la venta de Marsans a De Cabo justo antes de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
Concesión de créditos
En su querella Manos Limpias acusa a Blesa de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un 'holding' empresarial que se encontraba en quiebra".
La querella asegura también que Blesa concedió otro crédito irregular, en este caso al promotor inmobiliario Martinsa-Fadesa. Manos Limpias considera, además, que el exgobernador del Banco de España Fernández Ordóñez cometió una imprudencia grave "al no prestar la diligencia debida como órgano supervisor y de control".
El juez Fernando Andreu rechazó la admisión a trámite de la querella argumentado que el sindicato presentaba los hechos que serían objeto de investigación "de una forma muy genérica y sin ninguna concreción", pretendiendo la ampliación del procedimiento "a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente".