Begoña Gómez pide su absolución por no cometer "delito alguno" y que se condene la "mala fe" de las acusaciones

Un paso más en la estrategia de defensa de Begoña Gómez y su batalla judicial. Este lunes, la defensa de la mujer de Pedro Sánchez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que se le absuelva de los cuatro delitos de los que se le acusa porque "los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno".

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, forma parte de las conclusiones provisionales presentadas de cara a un posible juicio y llega después de que el magistrado rechazara recientemente los recursos que pedían archivar la investigación. Peinado mantiene imputada a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de marca. Además, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír solicitan para ella hasta 24 años de cárcel.

La defensa insiste en que no hay delito

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, sostiene que la posición de la defensa ha sido siempre la misma desde el inicio del procedimiento: que no existen indicios suficientes y que la causa debería archivarse. Por ello, solicita que, si finalmente se abre juicio oral, "se proceda al dictado de sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables".

En el escrito, la defensa recuerda además que la relación profesional de Gómez con la Universidad Complutense comenzó en 2012, "momento en el que su cónyuge, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, no ostentaba responsabilidad pública alguna". Según explica Camacho, Gómez fue primero codirectora de estudios relacionados con fundraising y posteriormente participó en un máster vinculado a la captación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro.

Niega irregularidades en la Complutense

Uno de los puntos centrales del escrito es la actividad desarrollada por Gómez en la Universidad Complutense y, especialmente, en la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva. La defensa sostiene que fue la propia universidad quien ofreció a Gómez codirigir la cátedra en 2020 y subraya que ese puesto "no conllevaba la percepción de retribución alguna".

También niega irregularidades en torno al software investigado en la causa. Según el escrito, distintas empresas colaboraron económicamente en el proyecto, pero las aportaciones fueron ingresadas directamente en el patrimonio de la UCM. Además, recalca que el software nunca llegó a finalizarse ni a utilizarse y que, por tanto, "la Universidad Complutense no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno".

"Daño reputacional" y "mecanismo de presión"

Camacho carga también contra las acusaciones populares y solicita que sean condenadas en costas por actuar, según sostiene, "con temeridad y mala fe". La defensa considera que la causa ha sido utilizada "con fines distintos a la legítima persecución del delito" y denuncia una supuesta instrumentalización del procedimiento penal "como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional". En esa línea, insiste en que la investigación abierta contra Gómez responde únicamente a su vínculo con el presidente del Gobierno. El escrito rechaza igualmente cualquier actuación irregular relacionada con Cristina Álvarez, asesora de Moncloa investigada en la causa.

La defensa sostiene que todas las esposas de presidentes del Gobierno han contado con este tipo de asistencia y asegura que Álvarez únicamente envió "un número muy limitado de correos" para ayudar de forma puntual a Begoña Gómez, sin provocar "ningún menoscabo de recursos públicos". Respecto al empresario Juan Carlos Barrabés, la defensa afirma que su relación con Gómez se limitó a colaborar en algunas clases del máster y niega que tuviera participación en la creación o el desarrollo de la cátedra investigada.

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