EL GOBIERNO BUSCA REVERTIRLO CON UNA TARIFA PLANA PARA CONTRATACIONES
La medida estrella anunciada durante el debate sobre el estado de la Nación es la 'tarifa plana' a la Seguridad Social con la que el Gobierno quiere impulsar el empleo indefinido. Los datos, que reflejan la dificultad para firmar un contrato de este tipo, también muestran que la alta temporalidad es un mal endémico del mercado laboral español.
Firmar un contrato indefinido cada vez es más difícil. La alta temporalidad se ha agravado con la crisis económica que sufre España, ya que, por ejemplo, en enero se realizaron 1.200.000 contratos, siendo el 92% de los mismos temporales, y de los cuales solo siete de cada cien entraron al mercado laboral de forma estable.
La temporalidad es un problema histórico en España y el esquema se repite. En 2005, en plena bonanza económica, se puede ver casi lo mismo. El 90% de las contrataciones también eran temporales. Así, el nivel más bajo de temporalidad se registró en 2007.
Segundo país con mayor temporalidad de Europa
En cifras totales, España es el segundo país, por detrás de Polonia, con mayor temporalidad de Europa, prácticamente doblando la media europea. Contra este panorama es contra el que pretenden luchar los nuevos incentivos del Gobierno.
Para ello, Rajoy ya anunció una medida en el debate sobre el estado de la Nación, una medida que permite pagar a la Seguridad Social solo 100 euros si se contrata a un indefinido. Esta tarifa plana se aplicará durante 24 meses y siempre que se mantenga al trabajador 3 años en la empresa.
La medida, que muchos expertos ven con buenos ojos, se podrá utilizar por todo tipo de empresas y autónomos y solo se aplicará para la creación de nuevos empleos.
El corte de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía obliga a buscar alternativas para viajar, pero ni los aviones ni la carretera consiguen compensar la falta de trenes. El sector turístico sevillano empieza a hacer cuentas.
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Las almazaras tendrán que almacenar el 12% de su producción hasta septiembre de 2027. Las cooperativas apoyan la decisión, pero la industria exportadora y los consumidores cuestionan sus posibles consecuencias.