Miriam González ve a España "atrasada" en transparencia: "Acaba con la confianza en la democracia"

Miriam Rodríguez, ha mostrado su preocupación por los continuos casos de corrupción política en España tras conocerse los informes de la UDEF y el auto del juez Juan Carlos Peinado Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez aseguró que, tanto desde dentro como desde fuera de las instituciones, percibe "la misma preocupación" por una sucesión de escándalos que, según afirmó, se repiten desde hace décadas en los principales partidos políticos españoles.

MEjor "incluso en Albania"

Durante la entrevista, la jurista puso el foco no tanto en las consecuencias judiciales de un eventual caso de corrupción, sino en la falta de mecanismos preventivos en España. Miriam Rodríguez lamentó que el país siga sin contar con una legislación específica sobre lobbies, algo que sí existe "incluso en Albania", y defendió la necesidad de establecer normas más estrictas para controlar las actividades de expresidentes y exministros. Como ejemplo, citó el modelo británico, donde una comisión supervisa y aprueba los cargos que pueden asumir antiguos responsables públicos tras abandonar la política.

Rodríguez también quiso diferenciar la línea entre la actividad de los lobbies y el tráfico de influencias. Explicó que los lobbies son "absolutamente legales" y cumplen una función positiva en democracia al trasladar a los legisladores el impacto real de las normas sobre la sociedad o los distintos sectores económicos. Frente a ello, definió el tráfico de influencias como una práctica "opaca", orientada al beneficio personal y basada en el aprovechamiento de contactos políticos para obtener ventajas económicas o de poder.

Daños a la democracia

Respecto a las referencias del auto judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero, evitó pronunciarse de manera concluyente por su condición de abogada y defendió esperar a conocer todos los detalles del procedimiento. No obstante, reconoció que le preocupa especialmente la mención a una posible organización criminal y a conexiones con jurisdicciones extranjeras. Más allá del caso concreto, insistió en que España necesita avanzar de forma urgente en leyes de control de conflictos de intereses, regulación de lobbies y supervisión institucional para evitar que "los casos recurrentes" sigan deteriorando la confianza ciudadana en la democracia.

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