Mario Samper, presidente de las víctimas de Adamuz: "Todavía hay más de 50 familias que no han recibido estas ayudas"

Las ayudas anunciadas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda vuelven a poner sobre la mesa la atención que reciben los afectados por este tipo de tragedias. El Gobierno ha aprobado un paquete de 30 millones de euros para atender a las víctimas del siniestro, con ayudas directas y anticipos de las indemnizaciones. Sin embargo, la experiencia de quienes sufrieron el accidente de Adamuz hace que surjan dudas sobre cuándo llegará ese dinero a todas las personas afectadas.

Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, ha advertido en una entrevista en Espejo Público de que, casi diez meses después de la tragedia, todavía hay más de 50 familias que no han recibido las ayudas. Una situación que, según ha explicado, está teniendo consecuencias económicas importantes para algunos afectados.

"Tenéis que saber que diez meses después, casi de la tragedia, todavía hay más de 50 familias, muchas de ellas que están destrozadas económicamente, que no han recibido estas ayudas", ha denunciado Samper durante su intervención.

El presidente de la asociación ha mostrado su indignación al escuchar las declaraciones sobre la necesidad de que las víctimas reciban apoyo económico cuanto antes. Según ha señalado, esa urgencia ya se planteó tras el accidente de Adamuz, pero, a día de hoy, hay familias que siguen esperando.

El temor a que se repitan los retrasos

Samper teme que los afectados por el accidente de Urda se encuentren con dificultades similares a las que, según denuncia, han vivido las víctimas de Adamuz: "Muchos nos tememos, ojalá que no, pero mucho nos tememos que la situación para estas nuevas víctimas sea similar", ha afirmado.

El paquete de ayudas anunciado para Urda contempla 30 millones de euros, repartidos entre ayudas directas y anticipos de las indemnizaciones. El objetivo de estas medidas es facilitar que los afectados reciban apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan todos los procedimientos relacionados con las indemnizaciones.

No obstante, el testimonio de Samper pone el foco en la diferencia entre anunciar una ayuda y que esta llegue efectivamente a las personas que la necesitan. Para el representante de las víctimas, la experiencia de Adamuz demuestra que los anuncios no siempre se traducen en una respuesta rápida para todas las familias.

Las secuelas psicológicas, fuera de algunos baremos

Durante la entrevista, Samper también ha cuestionado los criterios que se utilizan para determinar quién puede ser considerado herido y acceder a una indemnización. Según ha explicado, las compañías aseguradoras aplican sus propios baremos y hay personas que, pese a sufrir importantes secuelas psicológicas, pueden quedar fuera de las compensaciones.

"Todo el que iba montado en el tren está herido", ha defendido. Con esta afirmación, ha querido poner el acento en las consecuencias emocionales que puede dejar un accidente ferroviario, más allá de las lesiones físicas.

El presidente de la asociación ha relatado que algunos afectados continúan meses después sin poder salir de casa, retomar su actividad laboral o mantener sus negocios. También ha señalado que hay autónomos que se han visto obligados a dejar de trabajar por las secuelas que arrastran desde el accidente.

Samper considera que estas situaciones deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar el alcance real de la tragedia y determinar qué personas necesitan recibir una indemnización. Su denuncia apunta a que el número oficial de heridos podría no reflejar a todos los afectados por las consecuencias físicas y psicológicas del siniestro.

Reclaman responsabilidades por la seguridad ferroviaria

Más allá de las ayudas económicas, Samper ha reclamado que se investiguen las responsabilidades relacionadas con el accidente de Adamuz. En su opinión, no basta con centrar la atención en el ministro de Transportes, Óscar Puente, sino que también deben examinarse las actuaciones de los organismos encargados de la infraestructura y la seguridad ferroviaria.

Samper ha contado que, en una reunión con representantes de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, preguntó qué actuaciones se habían llevado a cabo en la línea después del accidente. Según su versión, le respondieron que todavía no se habían realizado determinadas actuaciones relacionadas con recomendaciones y documentación pendiente.

La comparación entre las ayudas anunciadas para Urda y la experiencia de Adamuz vuelve a situar en el centro del debate la atención a las víctimas. Para Samper, la prioridad no debe limitarse a anunciar recursos económicos: también es necesario garantizar que lleguen a las familias que los necesitan y que se reconozcan las secuelas psicológicas que siguen condicionando la vida de muchos afectados.

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