El juez Ruiz de Lara apunta al Gobierno: "La estrategia Trump de atacar al poder judicial es inconcebible en un estado de derecho"

"El hecho de que 70.000 personas se planten en la frontera no es algo casual", explicaba el magistrado Manuel Ruiz de Lara refiriéndose a la entrada del pasado mes de julio a Ceuta y la paralización de la Audiencia Nacional a uno de los campamentos que iban a instalarse en el puerto.

"Alguien organizaría ese desplazamiento en autobuses o coches y la jueza María Tardón determinará la mecánica de lo que pasó y quien consintió la entrada, siendo un delito contra el territorio nacional", apostilla el juez. "Si la jueza finalmente determina si hay miembros de Marruecos que hayan constituido el delito, la jueza procederá al llamamiento en calidad de investigado a los responsables".

El gobierno y los ataques a los jueces

La Audiencia Nacional y la jueza Tardón investigan ahora el origen a la invasión y, el propio juez Ruiz de Lara pide que dejen "trabajar a la jueza sin atacarles". "Cuando hay una resolución judicial que al Gobierno no le es de su agrado, emprenden un ataque con insultos y calumnias. Esta estrategia a los Donald Trump de atacar al poder judicial, es inconcebible en un estado de derecho", explica el juez.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas ha presentado un requerimiento al Gobierno para que resuelva los expedientes de expulsión y recalca el propio Manuel Ruiz de Lara que "el requerimiento de Vivas es un brindis al sol, la cuestión es aplicar un procedimiento administrativo que implica la devolución de cada persona, individualizada caso por caso".

Explica, que "no hay ataque al Gobierno, lo dictado es conforme a derecho, cualquier resolución administrativa como la de Puente es susceptible de control y lo que se ha presentado es una cautelar para requerir al ministerio de Fomento para que adjunte el expediente" en el que se acuerda la decisión de crear un nuevo campamento para migrantes en el puerto de Ceuta.

"Mientras no se resuelva la medida, no se va a instalar el campamento" y, advierte el juez que "puede haber peligro a los propios migrantes con depósitos inflamables, no tiene sentido montarlo para luego tener que desmontarlo", Susanna Griso y Ruiz de Lara concuerdan que tiene más sentido hacerlo.

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