La alcaldesa de Madarcos sobre la Ley de Nietos: "Estamos enfadados, la mayoría no conocen el pueblo, viven en el extranjero"

La polémica Ley de Nietos que defendía el Gobierno, a las que las Cortes dieron el visto bueno la pasada legislatura, ha sido paralizada por el Tribunal Supremo, esto significa que todos esos nuevos inscritos no podrán votar, de momento. El PP llevaba semanas acusando al Gobierno de aplicar de forma "opaca y urgente" dicha ley, con la que varios millones de extranjeros podrían tener derecho a DNI y votar en futuras elecciones.

Este voto CERA provocaba una situación 'insólita' en cientos de municipios españoles, entre ellos en Madarcos, Madrid. Con un censo de 69 personas y un voto CERA de 54, la mayoría de ellos viven en el extranjero. La alcaldesa del pueblo, Eva Gallego responde: "en 2023 éramos 40 personas, ahora el censo ha subido, tenemos más votos del extranjero que del pueblo". Recalca la alcaldesa que "la mayoría no conocen el pueblo" y, esta situación se repite en cientos de municipios del país, unos votos que afectan a las elecciones autonómicas y generales.

"Estamos muy enfadados, nadie les recuerda ni saben de ellos"

Esos potenciales votantes, hasta que el Tribunal Supremo diga lo contrario, son, en Madarcos, 69 habitantes, con 52 a derecho al voto y si finalmente sale adelante la situación, 54 residentes serán los ausentes en el pueblo, "más por encima de la mitad".

Eva Gallego, alcaldesa de Madarcos, responde a la pregunta de cómo viven esa situación y si tienen intención de conocer el pueblo: "la sensación es de enfado, incredulidad, son datos que llaman la atención, es muy difícil que 54 extranjeros" tengan que votar. A la pregunta de Susanna Griso de si conocen alguno la alcaldesa responde: "no, esa es la pregunta que me he hecho" y, ha salido a la calle a preguntar a los mayores por si conocían a alguno, "no los recuerdan, se iban del pueblo a buscar oportunidades" y ya no saben nada. "Es lo que se habla en el pueblo", apostilla la alcaldesa.

Polémica Ley de Nietos

Según la ley, pueden acceder a la nacionalidad "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".

La instrucción del Ministerio de Justicia presume como exiliados a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Es decir, bastaría con "acreditar la salida del territorio español" entre esas fechas, sin tener de demostrar que fue por persecución política u otros motivos contemplados en la ley.

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