Ola de calor
Ha ocurrido en un barrio de Badalona (Barcelona), donde unos okupas han instalado una piscina en la azotea de un edificio de oficinas abandonado. Frente a las protestas de los vecinos, los ocupantes han contestado con una pancarta: “Los okupas también pasamos calor. Piscina sí”.
Hace dos meses que permanecen en el edificio y ahora que llega el verano usan ese espacio para bañarse, montar barbacoas y fiestas que, según los vecinos del lugar, duran hasta altas horas de la noche. Estos mismos han afirmado que son violentos y que han llegado a amenazarles.
La policía ha asistido a la zona varias veces por altercados con los vecinos. Estos últimos aseguran que uno de los okupas acumula varios hechos delictivos. Los vecinos has declarado a Antena 3 tener miedo, tras varios encontronazos que han acabado en amenazas hacia aquellos que intentaban recriminarles la ocupación de la vivienda. Al preguntar a los okupas, estos no han querido declarar ante los medios y han pedido a los periodistas “respetar su descanso”.
¿Cual es el proceso de desocupación?
Desde el ayuntamiento de Badalona ya se han solicitado las herramientas jurídicas necesarias para proceder a la desocupación. En 2018 se aprobó la Ley de Desocupación Expres, que permite que el desalojo se produzca con mayor rapidez en el caso de que el propietario de una vivienda sea una persona física, una entidad sin ánimo de lucro o entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.
En el caso de que se cumpliesen estas condiciones, el propietario puede interponer una demanda solicitando la entrega inmediata de la vivienda. De no haber ningún problema, el plazo de recuperación de la vivienda rondaría los 30 días, pero lo más habitual es que se efectúe el desalojo en un periodo aproximado de 2 meses.
En este caso se trata de una vivienda desocupada, un edificio de oficinas que además permanece abandona, por lo que el proceso promete ser mucho más complicado. Recordemos que existen vías legales por medio de las cuales se puede reclamar la propiedad de una vivienda mediante una usurpación, habiendo pasado 30 años desde la desocupación del inmueble por parte de los antiguos propietarios, siempre que la ocupación sea pública, pacífica y haya concurrido de forma ininterrumpida.