Canarias
Desde hace tres años está a la espera del desalojo de la mujer que vive en su casa, que permanece en la vivienda por considerarse que estaba en situación de vulnerabilidad. Mientras, él ha seguido pagando los recibos.
Hace ya tres años que comenzó la pesadilla de Luis, vecino de Las Chafiras, un barrio del municipio de San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife. Seis años atrás, él decidió alquilar su casa a una pareja, pero lo que no sabía es que la mujer terminaría ocupando su propiedad.
Viven juntos durante años, pero ella se separa de ese hombre y deja de pagar el alquiler, por lo que Luis se vio obligado a denunciar su situación y consigue la razón por parte del juez, por lo que se establece una fecha de lanzamiento. Ese lanzamiento, programado para el 19 de 2023, nunca ocurre, y es que la persona que vive de forma ilegal en la casa, se queda embarazada y da a luz a un niño, por lo que presenta los papeles para justificar que tiene un hijo y acogerse así a la vulnerabilidad. En ese momento, Luis pierde el derecho a acceder a su única propiedad, y, al no tener un lugar al que ir, vuelve a casa de su madre, una mujer de 95 años con la que sigue viviendo en la actualidad.
Durante estos tres años, Luis ha estado pagando sus recibos de agua y luz, cifras que, asegura, ascienden hasta los 190 euros mensuales. La vulnerabilidad de esta mujer ha estado analizándose durante años, pero, finalmente, hace unos meses, una jueza dictaminó que no era vulnerable, por lo que se propuso una nueva fecha de lanzamiento: 25 de julio de 2024. Sin embargo, las esperanzas vuelven a desvanecerse para Luis, y es que, al no estar conforme la okupa con el informe de vulnerabilidad, ésta ha solicitado un abogado de oficio para volver a retrasar la salida de la propiedad.
En nuestro país, la okupación es un fenómeno cronificado. La gran mayoría de viviendas ocupadas, alrededor de un 80%, son propiedad de entidades financieras y grandes tenedores. También crece la inquiokupación, término referido al momento en el que una persona accede a un piso de alquiler pagando una o dos mensualidades y, de un momento a otro, deja de pagarlas, manteniendo la vivienda ocupada.
A su vez, el perfil del ocupante también ha cambiado, pasando de personas vulnerables a una mayor diversidad de perfiles que normalizan la okupación como modo de acceso a la vivienda.
En el momento en el que un propietario tenga constancia de que su vivienda ha sido okupada ilegalmente, debe informar de manera inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan identificar a las personas que han accedido al interior de ésta. Una vez dado el aviso, el siguiente paso es interponer una denuncia, bien en la Policía Nacional, en la Guardia Civil o en el Juzgado de Guardia.
No es posible tomarse la justicia por nuestra propia cuenta, y es que al reconocerse el domicilio como inviolable, nadie puede entrar en él sin una orden judicial. Únicamente si tenemos conocimiento de que se está produciendo un delito evidente o se acaba de cometer, la policía puede acceder al domicilio y desalojar a los ocupantes, simplemente bajo el amparo de delito, sin que en este caso sea necesario contar con una orden judicial.