Negligencia médica
El juzgado ha estimado una indemnización de 100.000 euros a los cuatro hijos de la mujer, que tenía 66 años y contaba con antecedentes familiares de cáncer y otros problemas médicos.
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sido condenado por el Juzgado de lo Condencioso-Admnisitrativo número 1 de Mérida a indemnizar con 100.000 euros a los cuatro hijos de la mujer de 66 años que murió a causa del retraso en su diagnóstico de cáncer de pulmón.
La mujer fue dada de alta sin recibir los resultados del TAC que se le había practicado, ya que, según recogen los informes de la inspección médica y la perito, "ha existido un retraso en el diagnóstico del cáncer de pulmón que presentaba la paciente, estimado en 70 días, que ha influido, de manera casi segura, en la evolución del mismo, y en las probabilidades de supervivencias".
El juez estima parcialmente el recurso que han presentado los familiares de la fallecida por "la deficiente asistencia sanitaria dispensada a su madre".
La mujer tenía 66 años y contaba con antecedentes familiares de cáncer, ya que tres de sus hermanas también fallecieron a causa de esta enfermedad. Además, contaba con otros problemas médicos, por lo que acudía a revisiones periódicas en consultas externas de Hospital Universitario de Badajoz.
El 21 de octubre de 2021, acudió a Urgencias quejándose de algunos síntomas que se recogían en este cuadro clínico: tos con expectoración hemoptoica, disnea, fiebre alta y dolor en el costado izquierdo. Ante esta situación, se procedió al ingreso de la paciente en el Servicio de Neumología, donde se le sometió a varias pruebas que incluían un TAC de tórax, realizado el 27 de octubre de 2021.
El momento en el que se produjo la negligencia médica fue cuando, la doctora responsable de la paciente, dio el alta a la paciente sin esperar los resultados del informe del TAC, utilizando un "corta y pega" del informe de otro TAC que se le realizó en mayo de 2021, sin ninguna relación con la última prueba.
El TAC del 27 de octubre ya indicaba la posibilidad de un proceso neoformativo (cáncer), ya que se podía visualizar una imagen pseudonodular en el hilio pulmonar, información que no se llegó a comunicar a la paciente en ningún momento.
La negligencia médica derivó en un error de diagnóstico, por lo que la paciente fue tratada erróneamente con la agudización de su EPOC. El 10 de enero de 2022 volvió a ser ingresada, ya que el estado de la paciente empeoró, presentando síntomas similares, pero un cuadro más avanzado.
Tras su ingreso esta vez en Medicina Interna, se le realizó un nuevo TAC el 13 de enero, el cual revelaba una tumoración parabiliar con metástasis en el cerebro y otros órganos. El diagnóstico final fue carcinoma no microcrítico, desgraciadamente ya en una fase muy avanzada. La paciente acabó muriendo el 27 de febrero de 2022 tras sufrir una hemorragia craneal masiva, provocada por el sangrado de una de las metástasis cerebrales.
Tras este suceso fatídico, sus hijos presentaron una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Servicio Extremeño de Salud (SES), acusándolos de negligencia médica en la atención sanitaria hacia su madre. La familia solicitó una indemnización total de 200.000 euros, repartida en 50.000 euros para cada hijo junto a los intereses legales desde la reclamación presentada el 15 de junio de 2022.
La demanda pone de manifiesto el retraso en el diagnóstico del cáncer de pulmón que acabó con la vida de su madre. La doctora responsable dio el alta a la paciente sin tener los resultados del último TAC, realizando un "corta y pega" del informe del TAC anterior, cuya consecuencia fue la pérdida de oportunidad tanto en calidad de vida como en expectativas de supervivencia, según consideran los demandantes.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Mérida ha cifrado en tres meses el retraso en el diagnóstico de cáncer de pulmón de la paciente. De esta manera, el juez ha considerado insuficiente la cifra ofrecida por la Administración demandada, que reconoció parcialmente su responsabilidad por la pérdida de oportunidad, y fijó la indemnización en 74.259.095 euros. El juez incrementaba el porcentaje en vista de la gravedad de los hechos del 70% al 90%, condenando al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar a cada uno de los hijos con 25.000 euros, alcanzando la suma total de 100.000 euros.
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