Investigación Dana
La jueza investiga las decisiones que retrasaron las alertas a la población y ordena revisar los vídeos grabados de la reunión del Cecopi.
La gestión de la Dana vuelve a estar en el punto de mira. La jueza que instruye el caso ha tomado declaración al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y ha ordenado revisar las grabaciones de la reunión del Cecopi tras detectar contradicciones en los testimonios.
El presidente de la CHJ ha declarado como testigo de forma telemática y ha asegurado que a las seis de la tarde de aquel día exigió que se alertara a los ciudadanos para que subieran a los pisos altos. Sin embargo, reconoce que no informó sobre la situación del caudal del barranco del Poyo hasta las 18:45 horas. "Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar", decía ante la jueza.
Según Polo, fue él quien propuso mandar un audio a la población, aunque la alerta se retrasó tras varios debates sobre el contenido. En esas conversaciones, se escuchan frases como la de la consellera Salomé Pradas: "Meterlo en el texto, por favor. Lo del @112GVA", o "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Llamamos? A mí no me apetece llamarlo".
Finalmente, el aviso no se emitió hasta las 20:11 horas. Eduardo García, abogado de Miguel Polo, ha expresado su sorpresa: "Le sorprende que a las 19:00 horas de la tarde no se había mandado absolutamente ningún mensaje".
Pradas declaró ante el juzgado que las instrucciones partieron de los técnicos, pero los vídeos apuntan a que fue ella quien marcó la pauta final: "Pongamos también lo de las vías de comunicación. Que solo serán el 112. Twitter oficial de emergencias de la C.Valenciana". La jueza ha solicitado a la televisión valenciana, a Emergencias y a la productora contratada todas las imágenes, editadas o sin editar, en un plazo máximo de tres días.
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