Un juez de Barcelona determina que las prostitutas tienen derechos laborales

Esta sentencia, que aún no es firme porque puede ser recurrida hasta el TSJC, obligaría a los proxenetas a suscribir contratos con las mujeres y conllevarían, por ejemplo, derecho a paro y cotizaciones a la Seguridad Social, publica este lunes 'La Vanguardia'.

Hasta ahora, la jurisprudencia social sólo había reconocido el carácter laboral de las relaciones conocidas como de 'alterne' --estimulación del consumo de bebidas alcohólicas a los clientes de determinados locales a cambio de una participación en el coste de la consumición--, pero lo rechazaba en los servicios de prostitución por cuenta ajena, al considerar que la causa y objeto de la prestación comportaba un ilícito penal y atentaba a derechos fundamentales.

El juez se refiere a una resolución del Parlamento Europeo que considera que toda prostitución (no sólo la forzada) tiene un gran componente de género y constituye una violación de la dignidad humana, pero argumenta que mientras España no erradique todas las formas de prostitución, el no reconocimiento de los derechos laborales agrava aún más la situación.

"Mientras el Estado español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo --vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa-- sin ofrecer cobertura jurídica específica al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo", argumenta.