LAS PIÑAS HABÍAN SIDO VACIADAS Y RELLENADAS CON DROGA
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional se han incautado en una operación conjunta en el puerto de Algeciras de 200 kilos de cocaína ocultos en el interior de piñas frescas importadas desde Centroamérica.
Según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado, una pequeña cantidad de piezas de fruta, de las miles que ocupaban los diez contenedores que han sido intervenidos en España, habían sido vaciadas en origen y rellenadas con la droga recubierta por una cera amarilla que simulaba el color de la piña.
Además, en Bélgica ha sido interceptado otro contenedor que ocultaba otros 20 kilos de cocaína, en esta ocasión dispuestos en láminas introducidas en los embalajes. Hasta el momento se ha arrestado a tres miembros de la organización, dos de ellos los socios únicos de la empresa destinataria de la carga.
La investigación se inició gracias a una serie de informaciones obtenidas por los agentes de la Policía Nacional especializados en la lucha contra el narcotráfico. Estas informaciones apuntaban a la próxima llegada a nuestro país por vía marítima de once contenedores, con origen en Centroamérica, que iban a ser desembarcados en el puerto de Algeciras, cuya carga legal declarada era fruta, y que podrían esconder una importante cantidad de estupefaciente.
Una vez descargados los contenedores, los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Algeciras, así como agentes de la Policía Nacional, llevaron a cabo un examen minucioso de la carga.
Entre las miles de piñas frescas que contenían, se hallaron piezas de fruta que habían sido vaciadas y rellenadas con estupefaciente recubierto por una cera amarilla que simulaba el color de la pulpa de la piña. Cada recipiente contenía aproximadamente 18 kilogramos de cocaína de gran pureza.
Además de interceptar los contenedores con la droga, los agentes averiguaron que las destinatarias de las piñas eran dos empresas cuyo fin social era la importación y exportación de alimentos, una de ellas radicada en Madrid y la otra en Sant Quirzé del Vallés (Barcelona), dirigidas ambas por ciudadanos españoles de origen colombiano, con nulo volumen de trabajo y escasa actividad comercial.