Barbate
Los agentes aseguran no sentirse respaldados y quieren saber qué errores hubo y quién dio la orden para enfrentarse a los narcos aquella noche.
Los guardias civiles supervivientes del ataque de la narcolancha en el que se asesinaron a dos de sus compañeros en Barbate (Cádiz) vuelven a declarar tras las denuncias impuestas por parte de varias asociaciones contra los mandos de la Guardia civil. El objetivo de estas declaraciones es el de esclarecer todo lo que sucedió aquella noche. Los supervivientes quieren saber qué errores hubo y quién dio la orden esa noche para enfrentarse a los narcos.
Por su parte, mujeres y familiares de los agentes se han movilizado esta mañana frente a los juzgados de Barbate. La concentración ha sido llevada a cabo para exigir a la juez instructor de la causa por el asesinato de dos agentes asesinados por la narcolancha, que cite a declarar a los mandatarios que ordenaron a los guardias acudir a la zona a bordo de una zodiac.
Los agentes que sobrevivieron han contado ante el juez que en el dispositivo con el que sus mandos les ordenaron la intervención aquella fatídica noche "todo fue improvisación", según sus abogados.
Han sido tres de los cuatro agentes supervivientes, junto a un capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que estuvo con ellos, quienes han prestado declaración este viernes como testigos ante el juzgado de instrucción número 1 de Barbate, que investiga si los mandos de aquel operativo incurrieron en alguna responsabilidad penal al ordenar a seis agentes enfrentarse con una pequeña lancha a las cinco narcolanchas que estaban en el puerto.
"El paradigma de la operación que nunca tiene que producirse"
Mariano Casado, asesor jurídico de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), una de las asociaciones profesionales que ha denunciado a los mandos de aquel operativo, ha relatado que aquel dispositivo fue "el paradigma de la operación que nunca tiene que producirse". "Todo fue improvisación, improvisación e improvisación". Ha contado que los tres agentes (un cuarto no ha podido declarar por problemas técnicos) y el capitán del Servicio Marítimo coinciden en que fue un dispositivo "absolutamente improvisado, mal coordinado y mal preparado, sin contar con los medios necesarios para una situación de alto riesgo".
Según señala el letrado, sus testimonios apuntan a que dichas improvisaciones fueron fruto de que los mandos, el coronel de la Comandancia de Cádiz y el general jefe de la Zona, sintieron que tenían que atender "no se qué cuestiones de carácter pseudopolítico", lo que les llevó a hacer las cosas "de cualquier manera". En estos términos alude a que esa misma mañana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había participado en Algeciras en la puesta en marcha del IV Plan Especial de Seguridad para luchar contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y había ofrecido una rueda de prensa en la que calificaba como "un éxito" este programa que desde su puesta en marcha en 2018 hasta aquel momento había permitido la intervención de 1.700 toneladas de droga y más de 97 millones de euros en metálico procedentes del narcotráfico.
El abogado ha explicado que de los testimonios recogidos en el juzgado durante esta jornada se deduce que "de alguna forma" esa coincidencia "contribuyó" a que "se activase todo porque tenían que desaparecer esas narcolanchas de Barbate", pues "no casaba lo que estaba pasando en Barbate con lo que se había dicho por la mañana en alguna rueda de prensa".
"Todo eso contribuyó a que se hiciera todo con esa improvisación, con esa falta de coordinación, de previsión de los riesgos, de inteligencia... es el paradigma de la operación que nunca tiene que producirse", insistía.
Estos testimonios también han dejado entrever, según el abogado, que el coronel de la Comandancia de Cádiz al mando del operativo no cumplió "con pulcritud" con su "mandato imperativo" de "velar por la vida de las personas" que recaía bajo sus órdenes, de forma que ha insistido en que ahora se hace "absolutamente ineludible" que tanto él como el general de la zona, que ya figuran como investigados en estas pesquisas, sean llamados a declarar "porque tienen que dar muchas explicaciones".
"Total imprudencia"
Fernando Castellano, abogado de la acusación popular de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil y particular de uno de los supervivientes, considera que "lo que ocurrió allí fue una total imprudencia". Además, la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) también se sumó a las acusaciones y denunció por dos delitos de homicidio por imprudencia y dos delitos de lesiones graves al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz como responsables de aquel operativo.
El asesinato de los dos guardias civiles tuvo lugar el pasado 6 de febrero. Las muertes fueron provocadas cuando una narcolancha arrolló la Zodiac en la que se encontraban los Guardias civiles. Los agentes fallecieron cuando, junto a otros cuatro compañeros, se dirigían a identificar a los ocupantes de varias narcolanchas que se habían refugiado del temporal en el puerto de Barbate. Una de esas narcolanchas pasó por encima de la embarcación de los agentes, una zodiac, mucho más pequeña.
Uno de los agentes fallecidos, de 39 años, pertenecía al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), era natural de San Fernando (Cádiz) y tenía pareja y una hija. El otro fallecido era agente del Grupo de Acción Rápida (GAR), de 43 años, nacido en Barcelona y estaba casado y con dos hijos.
Seis de los ocho culpables del asesinato fueron enviados por la jueza encargada. Ingresaron en la cárcel del Puerto de Santamaría. Son los que iban en la narcolancha pilotada por Kiko 'El Cabra' que embistió a los agentes. Los dos hombres que quedaron en libertad tienen 34 y 54 años. Cuentan con antecedentes por tráfico de drogas y contrabando. Se les arrestó el día que tuvieron lugar los hechos como presuntos delitos de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad.
Tras el incidente, agentes de la guardia civil mostraron su descontento por las condiciones en las que se encuentran los medios para combatir el narcotráfico. Salió a la luz un informe del Ministerio de Interior en el que se reveló que las patrulleras de la Benemérita están envejecidas y son incapaces de aguantar las embestidas de las narcolanchas.
En este informe se argumenta el motivo por el cual deben invertir en nuevas patrulleras. El Ministerio de Interior definió el estado de sus embarcaciones de alta velocidad como "muy envejecida". Además, reconoció que "no reúnen las condiciones de acomodación necesarias para los servicios que prestan". El documento hizo especial hincapié en las persecuciones a los narcotraficantes.
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