Narcolanchas Barbate
El juez instructor de la causa tendrá que decidir si deja en libertad a los seis investigados, tal y como han pedido sus abogados. Podrían salir en cualquier momento, aunque la Fiscalía considera que deben seguir en prisión.
La familias y amigos de los detenidos por el asesinato de dos guardias civiles el pasado mes de febrero en el puerto de Barbatepresionan para que los suyos salgan de la cárcel. Desde el primer momento avisaron, indignados a las puertas de los juzgados con gritos de "¡Qué saquen los vídeos!".
Insistían en que se revisaran los vídeos que demostraban su inocencia: "Que vean los videos, porque son inocentes, no han matado a nadie" "Que saquen los vídeos, que vean los vídeos". El día de la detención familiares y amigos se concentraron para defendieron su inocencia alegando los vídeos que ahora, lo demuestran.
El paso del tiempo parece haberles dado la razón ya que según nuevas investigaciones policiales se ha determinado que hay pruebas que exime a los investigados de su responsabilidad civil y penal del asesinato de los dos Guardia Civiles que murieron aquella noche de febrero. Desde el Puerto de Santa María, en Cádiz, vecinos de los detenidos celebran el nuevo giro que ha dado el caso: "Estamos súper contentas de que vean que ellos no son culpables... Se celebrará igual que se celebra cualquier otra noticia buena".
Denuncian la injusticia que han sufrido los encarcelados y toda su familia. También recalcan el daño que han sufrido los más pequeños en los colegios: "Me imagino a mi niño en el colegio... han puesto la cara de su padre como que es un asesino y encima no lo es".
Esta nueva línea de investigación se debe al vídeo que grabó uno de los detenidos y probaría la inocencia de todos los tripulantes. En el vídeo se les puede ver a ellos en su propia lancha, lejos del lugar donde los Guardias Civiles fueron asesinados. Este hecho se lo repitieron varias veces al juez en su declaración. Son seis los encarcelados y se prevé que con este vídeo la defensa pida su libertad.
Aunque la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, ya se ha pronunciado y ha apuntado que, aunque se puede concluir que los investigados como presuntos autores de la muerte de dos guardias civiles "no son los autores del asesinato", siguen imputados en "delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión", por lo que no considera que se deban variar las medidas cautelares de prisión adoptadas.
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