MULTA
Ángeles y su pareja insistes que no tiene recursos, que vive en una situación de vulnerabilidad.
Ángeles y su pareja, José Luis, decidieron comprar una casa contenedor y plantarla en un terreno privado en el sur de Tenerife, según cuenta, con la autorización del propietario del solar. Llevaban más de dos años buscando una vivienda de alquiler, pero aseguran que ninguna inmobiliaria les ofrecía una alternativa.
Tienen una hija enferma que sufre esquizofrenia, bipolaridad y convulsiones. Tiene 19 años pero con mentalidad de 10 años y recibe tratamiento psiquiátrico. Una condición que, según su madre, "imposibilita que nadie nos quiera alquilar una vivienda, porque mi hija se autolesiona y en ocasiones ha llegado a romper muebles".
Por eso, decidieron pedir un préstamo bancario de 15.000 euros para comprar esta casa contenedor y placas solares.
La sorpresa para la familia ha llegado cuando han recibido una notificación del ayuntamiento de Granadilla de Abona: "si no retiran esta vivienda modular portátil en un plazo de 20 días, podrían recibir una multa que oscila entre los 150.000 euros y los 600.000 euros".
Ángeles insiste que no tiene recursos, que vive en una situación de vulnerabilidad. "Yo cobro una pensión de 500 euros y mi pareja otra de 400. Pero tenemos muchos gastos, pagar el préstamos, los gastos de comida, las terapias de mi hija. Y yo necesito un aparato de oxígeno".
Asegura que ha solicitado plaza en un centro de día para su hija, pero que no ha tenido suerte. "Yo de aquí no me muevo. Estoy embargada con casa móvil y placas", dice Ángeles respondiendo a la notificación del ayuntamiento.
En las reuniones que ha mantenido con los Servicios Sociales municipales le aseguran que van a intentar buscarle una solución. Pero lo cierto es que, la ayuda, dice Ángeles, no llega. Y así llevan esperando dos años. Por eso se niega a retirar su casa contenedor.
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