Maltrato animal
La investigada contaba con requisitorias de búsqueda y captura por estafas relacionadas con los animales y maltrato animal.
La investigación comenzó el pasado 10 de agosto, día en el que llegó a la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas una denuncia de un vecino que aseguraba que varios animales se encontraban en pésimas condiciones en un edificio ubicado en Pozo Izquierdo, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).
De inmediato, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se acercó hasta la ubicación para realizar un registro en el domicilio y verificar la denuncia vecinal. Una vez allí, los agentes encontraron tres perros completamente atados, dos de ellos sin vida y el tercero en un estado deplorable, desnutrido, y con gran infestación de parásitos como pulgas y garrapatas. La responsable, una mujer de 40 años, era la propietaria de la vivienda, y dueña de los tres perros.
Tras analizar lo sucedido, la Guardia Civil pudo comprobar que la culpable tenía una medida cautelar en vigencia que le prohibía tener animales, ya que contaba con varios expedientes policiales y judiciales en materia de maltrato animal.
Los animales fueron incautados, haciéndose cargo del único con vida la protectora de animales ADA Gran Canaria, y los cadáveres fueron entregados directamente al Hospital Clínico Veterinario en Arucas para su necropsia.
Además, la investigada también contaba con requisitorias de búsqueda y captura dictadas por un Juzgado de lo Penal de Las Palmas y de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, estando estas vinculadas con estafas relacionadas con los animales y maltrato animal. Ahora, las diligencias han quedado a disposición del correspondiente juzgado de guardia.
Solo en el primer semestre de 2023, el Cuerpo General de la Policía Canaria realizó 38 inspecciones por presunto maltrato animal. En estas actuaciones, realizadas todas en la isla de Tenerife, se intervinieron 56 animales y se instruyeron cuatro delitos.
Caben destacar dos operaciones: una, realizada en el mes de enero en la que se halló el cadáver de un ejemplar canino en estado de descomposición; y la segunda, efectuada en marzo en La Laguna, en la que se realizó una inspección a una vivienda y se encontraron más de 70 ejemplares caninos y varias aves -gallinas y patos-, todos ellos propiedad de una única persona y en unas condiciones higiénico-sanitarias deficientes.