Acoso
La Fiscalía acusa a dos de las menores investigadas por acoso en el caso del suicidio de Sandra Peña
La acusación pública considera que las menores pudieron incurrir en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas hacia Sandra,.
La Fiscalía ha acusado a dos de las tres menores que fueron investigadas por supuesto acoso a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó hace un año víctima de un posible caso de acoso escolar.
La acusación pública considera que las menores pudieron incurrir en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas hacia Sandra, tal y como avanza el Diario de Sevilla.
En noviembre de 2025, las menores señaladas como presuntas acosadoras comparecieron ante la Fiscalía de Menores, una citación judicial que se enmarcaba en los expedientes abiertos por el Ministerio Público tras el suicidio de Sandra. En concreto, se abrió uno sobre las menores supuestamente implicadas en el caso de acoso escolar y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio en el que estudiaba para activar debidamente los protocolos antiacoso.
Esta investigación se sumó a la que emprendió desde un primer momento el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional que analizó el móvil de la menor y redes sociales. Previamente, ya habían declarado ante la Fiscalía tanto los padres de Sandra, como cuatro docentes del centro.
El caso de Sandra Peña
Sandra Peña se quitó la vida el 14 de octubre de 2025 poco después de salir del colegio. Este último año, ha estado marcado por una doble vía de investigación, la seguida por la Fiscalía de Menores -que ya se ha concretado en un escrito de acusación- y contra la actuación del centro, impulsada en la vía penal por la familia.
En cuanto a esta última, los padres de Sandra consideraron que la respuesta del colegio fue insuficiente y tardía, por lo que presentaron una querella contra el centro y varios docentes. Aún así, el juzgado acordó el archivo provisional al estimar que no existía sustento jurídico suficiente para atribuir penalmente al personal educativo la muerte de la menor, tras entender el juez que el colegio adoptó medidas frente a la situación, aunque no pudiera exigírsele un control permanente sobre la alumna.
Los padres recurrieron y reclamaron, entre otros aspectos, que se valorara la autopsia, que reflejaba cortes en el cuerpo y presencia de alcohol en sangre, además de insistir en que el acoso continuado y la falta de protocolos no podían quedar sin sanción penal.
El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Sevilla confirmó el archivo de la causa contra el colegio, a pesar de que el tribunal fue severo con la actuación del centro, que calificó de "absolutamente deficitaria, insuficiente, y contraria a la urgencia" que imprime el protocolo de acoso.