Policía Nacional
Una pareja está detenida por vender de forma ilegal y a través de las redes sociales medicamentos para abortar en casa.
La Policía Nacional detiene a una pareja por vender ilegalmente medicamentos para abortar. Unos fármacos para los que se requiere prescripción médica. Llegó a tener 166 recetas médicas y a través de las redes sociales y portales de anuncios vendían medicamentos para uso abortivo con el principio activo misoprostol, que sirve para el tratamiento gástrico y entre sus efectos secundarios está el de provocar un aborto.
Fue una denuncia anónima al correo electrónico de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional quién alertó de lo que estaba ocurriendo en las redes sociales con la venta de estos fármacos con fines abortivos.
Los agentes especializados en la ciberdelincuencia comenzaron una investigación y descubrieron que había cientos de publicaciones de este tipo en diferentes páginas web. Además, para hacer más creíble el anuncio, utilizaban un nombre de perfil con el nombre original del medicamento y ponían varios números de teléfono y correos para poder contactar.
Tras la denuncia, el investigado cerró los perfiles en redes sociales y cambió los números de teléfono de contacto para la venta del medicamento. Aún así, la investigación siguió y descubrió que la pareja continuaban con el negocio.
También descubrieron su 'modus operandi': remitía los medicamentos a través de empresas de paquetería a cientos de compradores en toda España y, para no levantar sospechas, compraba los medicamentos en diferentes farmacias.
Un farmacéutico también alertó de la falsificación de la firma de un médico en una receta y los agentes comprobaron que en el histórico de recetas del investigado le constaban 166 expediciones del medicamento con recetas del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) que posteriormente vendía de manera ilegal.
La Policía Nacional determinó que el ahora detenido habría falsificado, presuntamente, la firma de un médico en 66 de las recetas.
Los dos arrestados están acusados de presuntamente cometer un delito contra la salud pública, cooperación necesaria al aborto, falsificación documental y estafa. Las autoridades sanitarias advierten del peligro del uso de este medicamento sin prescripción médica.