Ley de Vivienda
La futura Ley de Vivienda no se aplicará por igual y su puesta en marcha dependerá de las comunidades y ayuntamientos.
Tras casi un año de bloqueo, este pasado lunes el Gobierno de coalición llegaba a un acuerdo para establecer una futura Ley de Vivienda cuyo eje central es la regulación de los precios de los alquileres. La norma será aprobada por el Consejo de Ministros en las próximas semanas pero, ¿cuál es su efecto real?
Dependerá exclusivamente de cada territorio
Según explican desde el Ejecutivo central, la última palabra la tendrán las comunidades y los ayuntamientos de cada territorio. Serán los gobiernos regionales y los alcaldes los que decidan si aplican o no este mecanismo de control del alquiler.
De esta forma, los alcaldes serán los responsables de decidir si se hace efectivo un gravamen a las viviendas vacías de hasta el 150% del IBI. Por su parte, las autonomías serán las encargadas de definir cuáles serán las "zonas tensionadas" en las que se podrán aplicar "la congelación de precios".
Consecuencias en el mercado del alquiler
Expertos como Alejandro Rosillo, profesor de Derecho de IEB, auguran que con esta ley se introducirán una serie de cambios que "probablemente vayan a dañar el mercado de alquiler mucho más que a beneficiarlo".
María Mateos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, matiza que la norma "necesita muchos más incentivos fiscales de los que se están planteando".
Incentivar el parque público de alquiler
La futura normativa también apuesta por impulsar el parque público de alquiler, con una reserva del 30 % de todas las promociones para vivienda protegida. De ese porcentaje, cerca de la mitad se destinará a alquiler social para favorecer a las poblaciones más vulnerables. Por el momento, el Gobierno no ha precisado cómo se materializará esta medida y si afectará a toda obra nueva.