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Ley de libertad sexual

El Consejo Fiscal avala por unanimidad la ley del "solo sí es sí" impulsada por Irene Montero y el Ministerio de Igualdad

El Consejo Fiscal ha avalado la definición del consentimiento expreso pero propone una modificación en la redacción para incluir que solo se entenderá que existe consentimiento cuando la víctima haya manifestado libremente su voluntad expresa.

El Consejo Fiscal ha avalado hoy por unanimidad la definición de consentimiento expreso de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual presentada por el Ministerio de Igualdad e Irene Montero.

Así lo han acordado este viernes por unanimidad los miembros de este órgano consultivo, que recomiendan en todo caso que el articulado regule esta figura en positivo. En el anteproyecto se señala que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto".

Según la Fiscalía, que así lo señalará en su informe, este cambio de redacción otorgará más claridad a esta figura. El informe del Consejo Fiscal, cuyas sugerencias no son vinculantes, se unirá al que tienen que presentar el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Otro punto de la Ley que ha sido protagonista en el debate del Consejo Fiscal, y en el que no ha existido unanimidad, se refiere a los delitos de explotación sexual (prostitución). Así, el informe que se hará público en los próximos días sugerirá la necesidad de que se cuente con una ley concreta para abordar este fenómeno con el fin de profundizarse más en el delito, sin perjuicio de que se pidan también puntualizaciones técnicas dirigidas a "pulir" los preceptos penales con el fin de mejorar la persecución de estas conductas.

Se pide mejorar, por ejemplo, lo relativo a la figura del proxeneta o tercera persona que se beneficia de una explotación sexual porque aunque ya estaba contemplado en el Código, es cierto que la jurisprudencia existente hacía complicada su persecución. Este aspecto debe ser mejorado en la nueva normativa según sugerirá el Consejo Fiscal.

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