Canarias
Decretan seis años de cárcel a una madre por un delito de agresión sexual y otro de pornografía infantil.
La madre de un niño de tres años pasará seis años en la cárcel por un delito de agresión sexual y otro de pornografía infantil. Así lo ha impuesto la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La autora de los delitos se encuentra en prisión provisional desde septiembre de 2021, fecha en la que ocurrieron los hechos.
La progenitora abusó de su hijo y lo grabó en vídeo para enviárselo a su pareja. La Audiencia Provincial dictó como delito de agresión sexual los abusos a los que fue sometido el menor y como delito de pornografía infantil el hecho de grabar las imágenes y enviarlas.
La madre fue a visitar a su hijo, que estaba en casa de los padres de la acusada, en situación de acogimiento familiar, y fue ahí cuando se produjo el abuso sexual. Desde allí habló con su pareja sentimental de aquel entonces y grabó cuatro vídeos que suman en total cerca de dos minutos en los que se puede ver cómo vulnera a su hijo.
Fue una amiga de la condenada quien, al contarle la autora de los hechos lo sucedido, se puso en contacto con servicios sociales. Estos contactaron con la pareja, que les facilitó el vídeo, y presentaron una denuncia.
Además de los seis años de cárcel se le imponen también otras penas: retirada de la patria potestad durante seis años y prohibición de llevar a cabo trabajos relacionados con menores por mas de diez años, después de salir de prisión.
La madre no podrá acercarse ni comunicarse con su hijo hasta que haya transcurrido un año tras quedar en libertad, deberá pagarle 2.000 euros y permanecer en libertad vigilada otros ocho años más.
En la imposición de la pena se tuvo en cuenta que la acusada tiene escasa formación y falta de habilidades sociales, además de problemas en sus relaciones personales. Presenta signos de un trastorno de personalidad e impulsividad, con situaciones de pareja anteriores conflictivas, hasta el punto de estar identificada como víctima de violencia de género.
La Fiscalía pedía 18 años de cárcel, permanecer 17 años alejada de su hijo, otros seis de libertad vigilada y cinco durante los que se le retiraría la patria potestad mientras que la defensa solicitó la libre absolución.