Regularización migrantes
El colapso en una ONG de Almería obliga a suspender la atención para la expedición de certificados de vulnerabilidad
Más de mil personas esperaban este martes en la puerta de la sede de la ONG mientras la entidad reclama ayuda al Gobierno.
La sede de la asociación 'Almería Acoge', en la capital almeriense, se vio este martes completamente desbordada por la llegada de más de mil personas con el fin de obtener el certificado de vulnerabilidad necesario para acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno. Ante la imposibilidad de ofrecer una atención digna, la organización optó por cerrar sus puertas hasta nuevo aviso.
La decisión se produjo apenas un día después de que la entidad tramitara 180 certificados sin incidencias. Sin embargo, la afluencia masiva registrada a primera hora del martes superó cualquier previsión. El presidente de la organización, Juan Miralles, reconoció que la situación se volvió inmanejable tanto para el personal como para el entorno vecinal.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la asociación confirmó la suspensión total de la actividad en su sede. La medida afecta a la emisión de certificados de vulnerabilidad, un documento clave para quienes no pueden acreditar contrato laboral, precontrato o vínculos familiares que faciliten su regularización.
Miralles subrayó que la elevada demanda evidencia una falta de recursos estructural. Según denunció, muchas personas no están encontrando respuesta en los servicios sociales comunitarios ni en los ayuntamientos, que tienen la competencia para emitir estos certificados. En algunos casos, afirmó, las administraciones locales estarían derivando a los solicitantes hacia entidades sociales como única alternativa.
La situación ha llevado a escenas de extrema precariedad, con personas que incluso pasaron la noche en la calle para mantener su turno. El presidente, insistió en que las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad legal en este proceso.
La organización ha trasladado ya su preocupación a la Subdelegación del Gobierno, con la que estudia fórmulas para habilitar espacios alternativos que permitan atender la demanda sin generar tensiones en el barrio. Entre las propuestas planteadas figura la creación de un espacio más amplio que facilite la participación de voluntarios y garantice condiciones adecuadas de atención.
Desde Almería Acoge también han defendido el proceso de regularización, al que consideran fundamental para mejorar la integración social y económica de miles de personas. No obstante, advierten de que la falta de medios específicos y la exigencia de determinados trámites están dificultando su colaboración.
El proceso extraordinario está dirigido a personas extranjeras en situación irregular que ya residieran en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada y carezcan de antecedentes penales.
Mientras las administraciones buscan una solución, la actividad en la sede permanece paralizada. La ONG trabaja ahora en la reubicación de las personas que ya contaban con cita previa, en un intento de mantener, al menos parcialmente, una labor que la avalancha de solicitudes ha puesto en jaque.
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