Ceuta, sumergida en el caos un mes después de la llegada masiva: "La gente se crispa y ataca a quien tiene delante, que somos nosotros"

Ceuta afronta un mes después de la llegada masiva de migrantes una situación que continúa lejos de la normalidad. En la playa del Trampolín, uno de los principales puntos de concentración, miles de personas permanecen en asentamientos improvisados, levantados con materiales precarios. Allí, según denuncian quienes trabajan sobre el terreno, los migrantes utilizan el mar como aseo y recurren a hogueras para cocinar los peces que consiguen pescar.

La imagen de la playa resume una crisis que se ha trasladado también a las calles, a los servicios públicos y, especialmente, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Policía Nacional continúa sometida a una enorme presión y los sindicatos policiales aseguran que los agentes están desbordados después de semanas trabajando en condiciones extraordinarias.

Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, advierte de que mantener durante tanto tiempo a miles de personas sin una solución genera una situación de creciente tensión. “Si tú tienes a tanta gente aquí sin darle una solución, la gente se crispa y ataca a quien tiene delante, que somos nosotros”, señala.

La organización policial reclama al Gobierno medidas inmediatas y, entre ellas, la instalación de un barco hotel en Ceuta para poder alojar a los agentes desplazados. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha solicitado formalmente la habilitación de buques como alojamiento ante la falta de plazas hoteleras disponibles. Los sindicatos sostienen que la capacidad de hospedaje de la ciudad está completamente tensionada.

La situación afecta también a las condiciones sanitarias de los efectivos desplegados. Rivero denuncia que entre los militares se han registrado, según sus declaraciones, más de una veintena de casos de tuberculosis, además de dos casos de sarna y problemas relacionados con chinches. Estas circunstancias se suman a las condiciones de alojamiento denunciadas por las organizaciones policiales, que aseguran que algunos agentes desplazados duermen hacinados en módulos militares, con habitaciones de hasta ocho literas, escasa ventilación y sin aire acondicionado.

Mientras tanto, la Policía tiene que hacer frente a otra de las consecuencias de la crisis: la acumulación de trámites. Interior ha habilitado una oficina para registrar a los migrantes que llegan a la ciudad. El espacio, según se denuncia, es una nave que todavía conserva escombros, con escaleras en los pasillos y mesas improvisadas. En el interior apenas había inicialmente cuatro ordenadores para afrontar miles de gestiones.

Ismael Derdabi, portavoz del SUP, explica que el ritmo de tramitación es insuficiente. “Se están tramitando 50 al día, con esa media son más de 10 meses”, señala. El Gobierno asegura que antes del viernes el dispositivo contará con 14 ordenadores, pero Derdabi considera que incluso esa cifra será insuficiente debido al volumen de trabajo y a la presión existente en Ceuta.

La tensión no se limita a la actividad policial. Los militares desplegados en la ciudad han comenzado a realizar patrullas portando armas como medida disuasoria después de varios episodios de violencia. En los últimos días se han producido ataques con piedras contra vehículos militares, con soldados heridos, en un contexto de creciente tensión.

Desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), su secretario general, Iñaky Unibaso, reclama además que los militares reciban el estatus de agentes de la autoridad, una medida que, según sostiene, permitiría ejercer un mayor control durante el día a día de las patrullas y ofrecería una mayor cobertura jurídica a los efectivos desplegados.

La tensión social también ha ido en aumento. El pasado 26 de agosto, más de 2.000 personas se manifestaron en Ceuta para protestar por la gestión de la crisis migratoria, mientras grupos de ciudadanos intentaron desalojar por su cuenta a migrantes de la playa del Trampolín, lo que obligó a intervenir a la Policía. Al día siguiente, manifestantes llegaron a destrozar y quemar asentamientos de migrantes en la playa de Benítez.

Los enfrentamientos han alcanzado incluso a los militares. En uno de los episodios más graves, un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó y apedreó un vehículo del Ejército en Benzú, provocando heridas a cuatro soldados. La Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieron posteriormente y detuvieron a doce migrantes.

La dimensión de la crisis se explica por la magnitud de la llegada registrada a finales de julio. Según datos difundidos por Reuters, alrededor de 72.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta el 30 de julio, y entre 5.000 y 8.000 migrantes permanecen todavía en la ciudad, muchos de ellos en asentamientos improvisados, entre ellos los de la playa del Trampolín. España ha solicitado además ayuda a Frontex para reforzar el procesamiento de migrantes.

El Gobierno ha anunciado ahora un paquete de 309 millones de euros para Ceuta, que incluye más de 90 millones destinados a reforzar la seguridad y 118 millones para la atención humanitaria de los migrantes, además de 21 millones para servicios públicos como sanidad, educación y justicia. El Ejecutivo asegura que estas medidas pretenden contribuir a recuperar la normalidad en la ciudad.

Sin embargo, sobre el terreno, la normalidad todavía parece lejana. Las chabolas continúan ocupando las playas, los trámites administrativos acumulan meses de trabajo, los policías reclaman más medios y mejores alojamientos y los militares piden mayor protección jurídica. Un mes después de la llegada masiva, Ceuta sigue intentando absorber una presión migratoria que ha terminado convirtiéndose también en una crisis de seguridad, sanitaria y social.