Andalucía propone fijar una edad mínima para usar las redes sociales y reforzar el protocolo contra el acoso escolar

La Junta de Andalucía ha propuesto fijar una edad mínima de acceso a las redes sociales y endurecer las medidas frente al acoso escolar, reforzando la protección de las víctimas y la eficacia de los protocolos educativos.

Así lo anunció la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante la clausura del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: “Andalucía frente al Acoso”, celebrado en Córdoba con la participación de cerca de un millar de profesionales de la educación, la justicia y los servicios sociales.

Entre las principales conclusiones, Andalucía plantea abrir un debate jurídico para estudiar la tipificación del acoso como delito y establecer como norma el traslado de centro del acosador en los casos confirmados. María del Carmen Castillo destacó que estas medidas buscan “proteger mejor a las víctimas y garantizar entornos escolares más seguros y saludables”. La consejera recordó que algunos países, como Australia, ya aplican límites de edad para el acceso a plataformas digitales y defendió la necesidad de “adaptar la legislación española a la realidad digital que viven los adolescentes”.

En el ámbito educativo, la Junta prevé reforzar las alertas de los protocolos de acoso, de modo que toda denuncia —ya sea de familias o del profesorado— se comunique de inmediato a la inspección educativa. Con ello, se pretende “mejorar el seguimiento y asesoramiento de cada caso”, incluso cuando el conflicto pueda resolverse dentro del propio centro con la colaboración de los padres.

La violencia digital puede costar vidas

Otra de las medidas anunciadas contempla acortar los plazos de intervención y desburocratizar los procedimientos, integrando de forma más directa la convivencia y el bienestar emocional en la evaluación educativa. Castillo aseguró que “los centros son espacios seguros y supervisados”, pero reconoció que los cambios tecnológicos requieren “revisar los protocolos para responder con más rapidez y precisión”.

María del Carmen Castillo ha incidido en que "se ha puesto de manifiesto que la tecnología, en sí misma, no es un problema, que los centros educativos son probablemente el entorno más seguro y supervisado que existe y que los retos no se limitan sólo al sistema educativo, sino al conjunto de la sociedad. Aún así, la respuesta educativa tiene que seguir reforzándose, avanzar en enfoques preventivos, reforzar la detección precoz y mejorar la coordinación entre los centros educativos, las familias y los servicios especializados".

Durante la segunda jornada del Congreso, la consejera estuvo acompañada por sus homólogos de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, subrayando el carácter transversal del problema. López calificó la cita como “un acierto necesario” y alertó de que la violencia digital "puede costar vidas”. Reivindicó el papel de la educación y las familias como pilares para combatir un fenómeno que “ha mutado y se ha instalado también en el entorno digital”. Ha destacado el trabajo que se realiza en sensibilización y prevención, entre los jóvenes, "que son nativos digitales, y también dirigido a las familias, porque la educación empieza en casa y es fundamental que los padres conozcan este entorno".

Concienciar al acosador

Por su parte, Nieto incidió en la importancia de abordar el ciberacoso desde la perspectiva del agresor y de la víctima, promoviendo la comprensión del daño causado. Mostró una herramienta didáctica creada por menores en el CIMI El Molino de Almería, que simula un juicio virtual por acoso escolar como forma de concienciación. Además, pidió revisar la actual legislación penal, ya que “el acoso a través de internet no está aún bien tipificado”.

El Congreso concluyó con el compromiso de la Junta de Andalucía de impulsar los acuerdos alcanzados y continuar trabajando en coordinación con las familias, centros educativos y servicios especializados. “Este congreso es el primer paso -afirmó Castillo- La lucha contra el acoso es una tarea colectiva que nos interpela a todos”.

Precisamente, Andalucía ha puesto en marcha el primer Observatorio de Justicia Juvenil público de España y Europa para contar con información actualizada sobre los cambios de perfiles y tipos de delito y adecuar así el trabajo de reeducación que realizan los profesionales del sistema andaluz de Justicia Juvenil, que es un referente por su alta tasa de reinserción en torno al 80%.

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