LA FISCALÍA PIDE QUE ENTRE EN PRISIÓN

Acusan a un policía de Las Palmas de inventarse dos multas para castigar a una conductora

El agente sancionó a una mujer por aparcar de forma incorrecta, pero cuando ella le respondió que había seguido indicaciones de otro policía, le sumó otra multa por desobedecer.

La Fiscalía pedirá el próximo jueves siete años de cárcel para un policía local de Las Palmas de Gran Canaria, al que acusa de haberse inventado dos multas de tráfico para castigar a una conductora, abusando de su autoridad.

Los hechos, que se juzgarán ante la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas, sucedieron en septiembre y noviembre de 2014, en las cercanías de un colegio del barrio de Vegueta al que la afectada acudía cada mañana a primera hora a dejar a sus hijos.

El 23 de septiembre, el agente encausado, Santos G.V., multó a esa mujer por estacionar de forma incorrecta su coche.

La afectada protestó, alegó que había seguido las indicaciones de otro agente y dijo que, si firmaba la multa, lo iba a hacer dejando constancia por escrito de que no estaba de acuerdo con ella.

La Fiscalía señala que el agente reaccionó a esa protesta "inventándose unos hechos" para imponer otra multa de tráfico: supuestamente, que no había respetado las indicaciones de un agente que regula la circulación, "lo cual era imposible, puesto que (la conductora) se encontraba estacionada en el lugar donde el encausado le había dicho que estacionara para imponerle la primera sanción".

El 4 de noviembre, la conductora se encontró con el mismo policía al llevar a sus hijos al colegio, esta vez en presencia de su marido, un magistrado de la Audiencia de Las Palmas. El Ministerio Público apunta que ese día el agente le dijo que "la conocía y que siempre que la viera la iba a denunciar".

De hecho, añade, cuando la conductora y su marido se fueron, procedió a redactar una nueva denuncia por aparcar sobre la acera "a sabiendas de que se inventaba totalmente los hechos". La acusación publica imputa a este agente local de Las Palmas de Gran Canaria dos delitos de falsedad en documento público, por los que propone que sea condenado a siete años de cárcel, ocho de inhabilitación para cargos y empleos públicos y 7.200 euros de multa.

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