INMIGRACIÓN
Ruanda, el nuevo destino de las deportaciones de migrantes fuera de la UE
Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos firman crear en Ruanda un centro para migrantes con órdenes definitivas de expulsión.
La inmigración irregular vuelve a convertirse en el centro del debate político europeo. 5 en total son los países europeos que quieren trasladar a Ruanda a migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas definitivamente y que deban abandonar territorio europeo.
El controvertido proyecto, que esperan poner en marcha durante 2027, contempla arranacar con unas 100 plazas. Supuestamente una vez en el país africano podrían permanecer en Ruanda regresar a su país de origen o buscar otro destino donde tengan autorización para residir.
Los gobiernos de Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos defienden que la iniciativa permitirá agilizar las deportaciones, reducir las llegadas irregulares y combatir las redes de tráfico de personas.
UK: un precedente que terminó en fracaso
La polémica recuerda al acuerdo firmado en 2022 entre Reino Unido y Ruanda. El Gobierno británico pretendía enviar al país africano a solicitantes de asilo llegados irregularmente. Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró ilegal el plan en 2023 al considerar que existía riesgo de que los refugiados fueran devueltos a países donde podían sufrir persecución. El Ejecutivo de Keir Starmer abandonó el proyecto en 2024.
La propuesta estrella de Meloni: enviarlos a Albania
La costosa iniciativa de la italiana se diseñó inicialmente para tramitar solicitudes de asilo fuera de la Unión Europea, aunque los continuos bloqueos judiciales obligaron a reconvertir las instalaciones en centros de repatriación. Desde entonces,el complejo de Gjadërse se utiliza para alojar a personas que ya se encontraban en Italia con una orden firme de expulsión
Los países firmantes aseguran que se respetarán los derechos humanos
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido de los riesgos de trasladar a personas vulnerables a un país cuya situación en materia de derechos humanos ha sido cuestionada. Entre sus preocupaciones figuran las garantías de protección, el acceso a la justicia y la posibilidad de nuevas expulsiones hacia lugares donde los migrantes puedan estar en peligro.
El plan evidencia un giro: cada vez más gobiernos estudian externalizar el control de sus fronteras y gestionar fuera del continente las devoluciones. Sus defensores lo presentan como una herramienta para ejecutar las órdenes de expulsión; sus críticos, como una forma de alejar el problema y diluir responsabilidades.