Mujeres afganas y españolas alzan la voz en Bruselas por quienes no pueden hacerlo

Desde el regreso de los talibanes al poder tras la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021, Afganistán ha experimentado un retroceso sin precedentes en los derechos de las mujeres y las niñas. En apenas unos años, han sido prácticamente expulsadas del espacio público, privadas de educación, empleo y acceso pleno a la salud.

La situación se agravó aún más en 2024 con la aprobación de la ley de “Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio”. Esta normativa impone restricciones extremas: las mujeres no pueden mostrar su rostro en público ni alzar la voz fuera del ámbito privado. Además, se mantiene la prohibición de acceder a la educación secundaria y universitaria, dejando a millones de niñas fuera del sistema educativo. Afganistán se ha convertido así en el único país del mundo donde las mujeres tienen vetado el acceso a estudios superiores.

En el ámbito laboral, las consecuencias han sido igualmente devastadoras. Las mujeres han sido apartadas de la administración pública, de empresas privadas y de numerosas organizaciones humanitarias. En muchos sectores, se ha prohibido directamente su trabajo fuera del hogar, lo que ha reducido drásticamente su independencia económica y su capacidad de subsistencia.

El acceso a la atención sanitaria también se ha visto gravemente limitado. Las restricciones dificultan que las mujeres reciban asistencia médica adecuada, incrementando los riesgos durante el embarazo y el parto en un país que ya presenta una de las tasas de mortalidad materna más elevadas del mundo.

Concentración en Bruselas

Ante esta realidad, una treintena de activistas por los derechos de las mujeres afganas se han concentrado en la plaza de Luxemburgo, en Bruselas, para denunciar la situación. Vestidas con burka y llegadas desde España, entregaron cartas escritas por mujeres y niñas afganas que relatan, en primera persona, la dureza de su día a día bajo el régimen talibán.

Uno de los objetivos de la acción ha sido interpelar directamente a los europarlamentarios: “Queríamos que se enfrentaran a una imagen que quizá nunca han tenido delante: una mujer con burka. Y preguntarles por qué no están haciendo nada”, explicaron las organizadoras. Para ellas, la situación en Afganistán debe ocupar un lugar prioritario en el debate público europeo.

Las manifestantes alertan de casos de matrimonios forzados de niñas, de violencia doméstica sin consecuencias legales, y de condiciones de vida marcadas por la pobreza, el hambre y la exclusión. “Son invisibilizadas, sometidas, explotadas y privadas de cualquier derecho básico”, subrayan.

Aunque reconocen la existencia de ayuda humanitaria, plantean dudas sobre su eficacia real. En 2025, la UE reforzó su compromiso mediante nuevos paquetes de ayuda humanitaria y cooperación. Entre ellos destaca un programa de financiación de aproximadamente 140 millones de euros destinado a apoyar a la población afgana, con un enfoque prioritario en el acceso a servicios básicos, la seguridad alimentaria y el empoderamiento económico de las mujeres. Sin embargo, la eficacia de estas medidas sigue siendo objeto de debate. La falta de control directo sobre la distribución de la ayuda y las limitaciones impuestas a las mujeres dificultan garantizar que los recursos lleguen realmente a quienes más los necesitan

“Si continuamos enviando apoyo sin exigir responsabilidades, los talibanes interpretarán cada entrega como una validación de sus políticas”, advierten. Y lanzan una pregunta directa: ¿puede, o quiere, la Unión Europea mantener relaciones con un régimen que vulnera de forma sistemática los derechos de las mujeres?

Las activistas reclaman una respuesta firme, coherente y urgente por parte de Europa. Porque, insisten, el futuro de 20 millones de mujeres y niñas afganas no puede seguir quedando en segundo plano.

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